Demanda en la CSJN por el artículo 90: cruces en Tucumán por la reelección de Jaldo

Cuatro partidos —Cambia Tucumán, PRO, CREO y FR— llevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán. El planteo apunta a impedir que el gobernador Osvaldo Jaldo busque un nuevo mandato en 2027; los demandantes sostienen que la norma habilita hasta 16 años consecutivos en los cargos de mayor peso ejecutivo en la provincia. El oficialismo responde que Jaldo está cursando su primer período como gobernador. Lo que resuelva la Corte marcará el tablero electoral tucumano y los límites constitucionales para la alternancia en el Ejecutivo provincial.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, vinculó la demanda con las aspiraciones de Jaldo a un segundo mandato. El artículo 90 fija la duración en funciones del gobernador y el vicegobernador —hasta dos períodos consecutivos cada uno—, un esquema que los impugnantes consideran incompatible con el republicanismo porque permitiría a una misma persona 16 años seguidos en los puestos de mayor poder. “No veo dónde está la incertidumbre, no entiendo. Tiene un mandato el gobernador y tiene derecho de ser reelecto, lo mismo en mi caso. Creo que están judicializando un poco la política”, dijo la jefa municipal. Sobre su lectura del conflicto, agregó: “creo que tienen miedo. Faltan votos en la oposición. No voy a hablar de lo que no conozco, pero creo que el gobernador Osvaldo Jaldo ha tenido muchas acciones políticas públicas muy acertadas, que es lo que la gente pedía; va a ser nuestro candidato y va a ser el futuro gobernador por cuatro años más”.

Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, detalló por qué el espacio del presidente Javier Milei no firmó la presentación de los cuatro partidos.

Hace 40 días nos expedimos sobre el tema. Veíamos que se venía hablando mucho de una presentación genérica. Creo que tenemos que ser muy serios en la judicialización de la política. Nosotros no estamos de acuerdo

indicó, y recordó que Federico Pelli y él fueron denunciados por sus domicilios ante la Justicia Federal.

Cuando uno ve la judicialización de la política para tener una agenda, porque no hay otra agenda, no sabemos bien qué quieren hacer con Tucumán. No se les escucha una palabra en eso; la única idea que se les cayó es que Jaldo no sea gobernador

criticó. Aseguró que, cuando se oficialicen los candidatos, harán planteos si detectan alguna imposibilidad jurídica y que LLA es la única opción distinta.

Marcelo Caponio, presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), respaldó la postura oficialista con contundencia.

Esto es una afirmación contundente: Osvaldo Jaldo no es que tiene el derecho a ser gobernador en el 2027, sino que va a ser el gobernador en el 2027 de los tucumanos. No hay ningún impedimento legal. Es el actual gobernador en un primer período. La Constitución lo habilita para una reelección; él ya dijo que se va a presentar en las elecciones del 2027. No tenemos ninguna duda de que los tucumanos lo van a elegir como próximo gobernador en el 2027.

El ex legislador subrayó que el artículo 90 es claro: “Este es el primer período de Osvaldo Jaldo como gobernador electo. Tiene la posibilidad de ser gobernador en el 2027”. Aclaró que la cláusula permite que un vicegobernador sea candidato a gobernador tras dos períodos consecutivos, pero no a la inversa, y remarcó: “Lo dejó claro la Corte Suprema”, en alusión al frente que interpuso ante sus aspiraciones en 2023 con una cautelar.

Fernando Juri Debo, ex defensor del Pueblo y referente alineado con Manzur, cuestionó duramente a Jaldo por sus dichos en una conferencia de prensa. Sostuvo que el senador no presentó ninguna acción judicial, pero advirtió sobre una posible intervención del Partido Justicialista en Tucumán. “Creo que dadas las condiciones para la intervención partidaria. El PJ Nacional puede tomar represalias contra el PJ de Tucumán por estar en contra del mandato nacional”, expresó, y aludió a un supuesto acercamiento del gobernador con Milei. Opinó que Jaldo “está asustado”, le teme a Manzur y por eso lo atacó en la conferencia: “Es grave lo que dijo. No está en sus cabales; Manzur no hizo ninguna presentación”. Reconoció, no obstante, que en el manzurismo consideran que Jaldo “no puede ser” candidato y que, al oficializarse la postulación, habrá impugnaciones.

Manuel Courel (Cambia Tucumán), firmante de la presentación ante la CSJN, replicó los argumentos que Jaldo expuso el martes en una extensa conferencia. En su lectura, la Constitución provincial permite una sucesión indefinida entre gobernador y vicegobernador. “Esto no es un planteo contra Jaldo. Nosotros casi ni lo nombramos en la demanda. Es un planteo contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán”, afirmó. Invocó el fallo de la CSJN sobre la candidatura del ex gobernador sanjuanino Sergio Uñac: “El gobernador tiene que entender que por encima de él está la Constitución, los principios republicanos de la Constitución Nacional, y él no puede estar por encima de la República”. Consideró que esperar a marzo o abril, tras la oficialización de candidaturas, habría sido demasiado tarde. Sobre la distinción que Jaldo hizo entre gobernador y vicegobernador, replicó:

Sí, son la misma cosa, están en la misma fórmula. Uno vota la fórmula. Y tan es así, que son la misma cosa, que cuando Manzur se fue como jefe de Gabinete Jaldo fue gobernador casi dos años; entonces hay una sucesión de la misma persona en los principales cargos públicos.

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse calificó la estrategia opositora como “una aventura judicial de un rejunte de candidatos desesperados” y “estrategia de exclusión electoral disfrazada de defensa de la República”.

Anémicos de ideas y propuestas, buscan sacar de la cancha al adversario que no pueden enfrentar políticamente. Su coincidencia más importante no es un proyecto para Tucumán: es intentar impedir que Jaldo pueda competir

dijo. Señaló que la demanda ataca una autorización expresa de la Constitución:

El artículo 90 permite que quien haya cumplido dos mandatos como vicegobernador pueda ser elegido gobernador y reelegido por un período consecutivo. No están denunciando que se haya inventado una habilitación: quieren eliminar judicialmente una disposición que les resulta electoralmente incómoda.

Cuestionó además la competencia originaria de la CSJN:

Demandar a una Provincia e invocar el principio republicano no habilita automáticamente esa instancia excepcional. La organización de las instituciones provinciales pertenece, como regla, al derecho público local. Los tribunales tucumanos pueden examinar cuestiones federales, con eventual revisión posterior de la Corte nacional. Respetar ese recorrido también es respetar la Constitución.

Mariano Campero, precandidato a gobernador, respondió a Jaldo en una carta. “El problema no es que alguien quiera sacarlo de la cancha; es que usted quiere quedarse 16 años en el poder”, escribió. “Usted dice que gobernador y vicegobernador son cargos distintos. La discusión no es si son cargos distintos. La discusión es si esa diferencia puede utilizarse para perpetuarse”, y añadió: “no queremos sacar a nadie de la cancha. Pero tampoco vamos a permitir que alguien se crea el dueño de la cancha”. Sostuvo que el debate trasciende a los protagonistas: “No se trata de Jaldo ni de Campero. Se trata de que Tucumán tenga seguridad jurídica”.