Arranca en Salta el juicio por jurados por el doble crimen de dos bolivianos en la zona de Orán
Salta inició el juicio por jurados contra tres imputados por el homicidio de Wilson Abdala Zutara y Ariel Ledezma Salinas, hallados en mayo de 2024 en un paraje rural. Fiscalía y defensas chocan sobre pruebas y sobre la versión del crimen.
· 4 min de lectura Por Redacción Base Tucumán
En Salta quedó en marcha un juicio por jurados por el asesinato de Wilson Abdala Zutara y Ariel Ledezma Salinas, ciudadanos bolivianos cuyos restos aparecieron en mayo de 2024 en un paraje rural próximo a Orán. Para el Ministerio Público Fiscal, las víctimas fueron engañadas y ejecutadas en un ataque planificado; los defensores, en cambio, señalan contradicciones en la investigación y niegan que sus clientes hayan participado.
En el banquillo figuran Elvio Augusto Díaz, procurador y ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi por Libres del Sur; Carlos Fernando Rodríguez, apodado Kokoz, empleado municipal de esa localidad tucumana; y Roberto Enrique Larrán, vecino de Orán. Los tres responden por los homicidios de quienes vivían en Bolivia.
El juez técnico Raúl Fernando López conduce el debate ante un jurado de doce titulares y cuatro suplentes. En la primera audiencia los imputados declararon y repudiaron los cargos: Rodríguez y Larrán respondieron al interrogatorio de la acusación, mientras Díaz optó por guardar silencio.
La Fiscalía actúa a través de María Soledad Filtrín Cuezzo, Lorena Martínez y Pablo Alejandro Cabot, integrantes de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte. Según la reconstrucción acusatoria, el 9 de mayo de 2024 Díaz y Rodríguez llegaron desde Tucumán a Orán en un Toyota Corolla negro y pernoctaron en un hotel céntrico. Más tarde Díaz habría encontrado a Larrán, quien se movía en una camioneta Toyota gris.
El procurador se reunió después con las dos víctimas en una confitería de Orán. Los investigadores afirman que, en ese momento, salió del local y entregó un bolso oscuro a Larrán, que aguardaba afuera. Para la acusación, esos pasos formaron parte de una maniobra coordinada para interceptar a los bolivianos, reducirlos y matarlos apoyándose en la confianza que tenían en uno de los imputados.
Los cadáveres fueron localizados en un paraje rural cerca de Colonia Santa Rosa. Dos cazadores declararon en las primeras audiencias: contaron que, de madrugada, oyeron varias detonaciones y vieron las luces de un auto detenido sobre la banquina. Al principio pensaron que disparaban otros cazadores; cuando el vehículo se fue, se acercaron y encontraron los cuerpos. Ambos recordaron que una cosechadora operaba cerca y que el ruido de la maquinaria entorpecía escuchar lo ocurrido.
La hermana de Zutara aportó otro dato: las víctimas habían salido de Bermejo, Bolivia, rumbo a Buenos Aires para comprar dólares y luego revenderlos en su país.
Las defensas impugnaron la línea fiscal y sostuvieron que no hay prueba bastante para atar a sus representados a las ejecuciones. Mabel Castillo y Miguel Nicolás Fernández, abogados de Díaz, dijeron que el procurador había viajado a Orán por trabajo, para cobrar honorarios por gestiones hechas para familiares de una de las víctimas. Subrayaron que pericias no habrían detectado material genético de Díaz en muestras de manos y uñas de los fallecidos, que no se le secuestró un arma ni se acreditó que hubiera disparado.
Cristian Morales Poma, defensor de Rodríguez, insistió en registros de cámaras que, según su lectura, situarían al Toyota Corolla en Pichanal y la ruta nacional 34 entre las 3.10 y las 3.15, horarios que consideró incompatibles con la presencia de su cliente en el lugar del crimen. También reclamó mayor profundidad en otras pistas, como una motocicleta mencionada por testigos y datos de antenas telefónicas.
El expediente ganó eco en Tucumán por los antecedentes y vínculos políticos de parte de los imputados. Díaz había postulado a la intendencia de Juan Bautista Alberdi y mantenía lazos con instituciones deportivas y actividades comunitarias, en especial con el club La Querencia. Rodríguez desempeñaba funciones en la Municipalidad de Alberdi y fue descrito como cercano al exsecretario de Hacienda José Roldán, imputado en una causa por presunto lavado de activos; cuando supo que lo buscaban, se entregó en la Policía.
Durante la instrucción también surgieron referencias a posibles nexos de algunos involucrados con actividades vinculadas al narcotráfico. Díaz había sido investigado antes por la Procuraduría de Narcocriminalidad en una causa por presunto transporte de drogas. Se sumaron escuchas telefónicas en las que, según la acusación, se aludía a armas que podrían relacionarse con el ataque; la defensa recalcó que esas circunstancias no demuestran por sí solas la responsabilidad en los homicidios.
Los letrados reiteraron que antecedentes, relaciones personales y sospechas sobre otras conductas no pueden sustituir la prueba exigida para una participación directa en los asesinatos.
El proceso seguirá con testimonios, pericias, registros telefónicos y filmaciones de seguridad. El jurado deberá decidir si la Fiscalía acredita la imputación más allá de toda duda razonable o si las inconsistencias planteadas por la defensa impiden fijar la responsabilidad penal de los tres acusados.
