Pollicita pide llevar la causa Adorni a Penal Económico y deja fuera el enriquecimiento ilícito

En la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso que el expediente deje de encuadrarse en enriquecimiento ilícito en función pública y se derive a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. La línea de trabajo apunta a establecer si el ex jefe de Gabinete incurrió en delitos tributarios, a partir del examen de las explicaciones que dio sobre su fortuna y, en particular, de los fondos que atribuyó a inversiones en Bitcoin anteriores a su ingreso al Poder Ejecutivo.

Según el análisis del ministerio público, el material probatorio reunido no basta para desestimar esa versión ni para sostener que hubo un aumento patrimonial injustificado mientras ejerció cargos públicos. El cambio de encuadre no cierra el proceso ni implica sobreseimiento: Pollicita señaló que subsisten indicios de posibles irregularidades en la declaración de ingresos, en la tenencia de dólares y en las operaciones con criptomonedas, puntos que deberá abordar el fuero especializado. La presentación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, que deberá definir si acepta el traslado de competencia y ordena el envío del legajo.

La pesquisa había seguido la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026. En ese marco la fiscalía relevó gastos por U$S 402.578 —cerca de U$S 374.000 en efectivo— y una brecha superior a $ 43 millones entre ingresos comprobados y erogaciones. En un descargo de septiembre el exfuncionario respondió a veinte requerimientos sobre propiedades, préstamos, viajes y gastos familiares. Su relato central fue una inversión de aproximadamente U$S 200.000 en Bitcoin entre 2014 y 2018; según sostuvo, la venta de esos activos le habría generado U$S 591.544, conservados luego en billetes.

Esa línea defensiva concentró el debate. Pollicita ordenó verificar ocho direcciones digitales aportadas por la defensa y reconstruir los movimientos registrados. Las pericias confirmaron que las billeteras existían, que registraron actividad entre 2014 y 2018 y que sus claves estaban bajo control de la defensa al momento del control. No obstante, los peritos no pudieron determinar quién administró esas direcciones en el período bajo escrutinio ni recomponer por completo la identidad de quienes intervinieron en las operaciones. Con esas limitaciones, el fiscal entendió que no había elementos suficientes para desmentir la explicación del ex funcionario sobre el origen previo de los fondos.

El estudio de los ingresos históricos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, concluyó que la inversión alegada no era económicamente imposible, si bien esos registros tampoco acreditaban que las operaciones hubieran ocurrido exactamente como las describió la defensa.