Jura Alliana como presidente de Paraguay tras destituir el Senado a Peña por la crisis de Ueno Bank

Este viernes, Pedro Alliana prestó juramento como presidente de Paraguay y gobernará hasta 2028, una vez que el Senado destituyó a Santiago Peña en juicio político. Pocas horas después, la Policía Nacional cumplió una orden de la Fiscalía y el expresidente quedó en detención domiciliaria en una investigación ligada al colapso de Ueno Bank. En su primer mensaje al país, el mandatario anunció que compensará a los ahorristas perjudicados, que impulsará la racionalización del gasto público y que controlará el cumplimiento de las obligaciones estatales.

La ceremonia convocó a una sesión extraordinaria del Congreso bicameral. Alliana —hasta entonces vicepresidente— asumió para cerrar el ciclo constitucional 2023-2028. El traspaso ocurrió en el pico de una crisis política y financiera desatada tras la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin poder operar de inmediato con su dinero.

La Fiscalía dispuso la detención de Peña en el expediente penal 92/2026, titulado «Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros». Agentes de la Policía Nacional se presentaron en su domicilio de Asunción; deberá permanecer a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. La misma orden alcanzó a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, ex titular del Banco Central del Paraguay. En el caso de Peña, la medida implica cumplir la restricción en su casa mientras corre el proceso; no equivale a una condena ni define por sí sola su responsabilidad penal. El expediente apunta a presuntas irregularidades en torno a la quiebra de Ueno; se analiza si las autoridades conocían los problemas de la entidad y si actuaron a tiempo. Los cargos definitivos y la situación procesal se resolverán en sede judicial.

El juicio político avanzó en dos jornadas. El jueves 5 de noviembre, la Cámara de Diputados habilitó el proceso con 78 votos. Al día siguiente, el Senado declaró culpable a Peña por mal desempeño y ordenó su remoción: los 44 senadores presentes votaron a favor, según lo registrado en la sesión. El expresidente había renunciado el jueves, en medio de la presión por la crisis bancaria, pero la Cámara alta igual llevó adelante el juicio y consumó la destitución. Ese mismo día quedó definida la sucesión en manos de Alliana.

La tensión escaló desde el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central abrió la resolución de Ueno Bank al constatar que su índice de solvencia había quedado por debajo de la mitad del piso regulatorio. Los servicios de la entidad quedaron suspendidos de forma temporal y el acceso a depósitos y tarjetas se complicó. Ueno concentraba cerca de tres millones de clientes en un país de unos 6,5 millones de habitantes y manejaba fondos de organismos públicos y previsionales: el Instituto de Previsión Social tenía allí inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares y utilizaba la entidad para abonar jubilaciones a cerca de 32.000 personas.

El conflicto saltó al plano político por los lazos empresariales que Peña sostuvo con el Grupo Vázquez —dueño de Ueno— hasta marzo de 2025, según admitió el propio exmandatario. Quienes impulsaron el juicio político cuestionaron posibles conflictos de interés, el manejo de fondos públicos y la supervisión del sistema financiero. Peña negó irregularidades y calificó el asunto como de índole regulatoria. La intervención no implica que todos los depósitos se hayan perdido: el Banco Central anunció mecanismos para transferir cuentas y activar el Fondo de Garantía de Depósitos, con cobertura de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona, según datos oficiales. La devolución del dinero depende del proceso de resolución y de las medidas aplicadas a cada grupo de depositantes.

Frente al legislativo, Alliana sostuvo que la urgencia inmediata es asistir a quienes sufrieron la crisis financiera. «Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil por el descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos», dijo. Pidió activar acciones de resarcimiento para los sectores más golpeados y advirtió a quienes deban ejecutarlas: «No quiero tibios a cargo de las tareas». También habló de una respuesta directa frente a las necesidades sociales: «El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obligan a estar en las calles».

Sobre las finanzas públicas, anunció que remitirá al Congreso un proyecto para racionalizar el gasto estatal y liberar recursos para los más necesitados. «A la brevedad posible haré llegar a las cámaras un proyecto de racionalización. Necesitamos ahorrar recursos para destinarlos a los que más los necesitan», expresó. Se comprometió además a fiscalizar la administración y los servicios públicos durante lo que resta del mandato. «Yo mismo voy a vigilar que seamos un Estado que cumple con los ciudadanos», afirmó, y añadió: «En el tiempo que nos queda, no hay excusa para los errores». Cerró con un llamado a la resiliencia nacional: «Los paraguayos enseñaron al mundo que esta nación no se rinde». Su gestión deberá recuperar la confianza financiera, devolver los depósitos afectados y enfrentar las consecuencias políticas y judiciales del caso Ueno.