Tránsito de Flávio Bolsonaro: el Ejecutivo remite antecedentes a la Justicia y descarta ilegalidades

La administración nacional informó que ya remitió documentación a la Justicia vinculada al paso de Flávio Bolsonaro por el territorio argentino y rechazó haber incurrido en irregularidades durante su ingreso y la posterior salida rumbo a Estados Unidos. Desde la Casa Rosada argumentan que el dirigente brasileño exhibió papeles válidos y que no había una alerta internacional que obligara a frenar su tránsito. Al mismo tiempo, siguen avanzando investigaciones judiciales en Comodoro Py y en Puerto Iguazú.

Por indicación de fuentes oficiales, la Dirección Nacional de Migraciones envió a la Fiscalía de Misiones los registros de ingreso del senador y las actuaciones ligadas a la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el marco de los requerimientos del organismo judicial. El paquete abarca antecedentes administrativos sobre el ingreso de Bolsonaro y su familia, además de datos relativos al traslado hacia el aeropuerto de Puerto Iguazú. Aún no quedó claro si se entregaron la totalidad de las grabaciones de seguridad y los registros aeroportuarios pedidos.

La línea oficial sostiene que Bolsonaro accedió al país con documentación habilitada y se fue sin restricciones migratorias registradas que bloquearan su movimiento. El Ejecutivo subraya que la prohibición judicial de abandonar Brasil debía ser ponderada por las autoridades de ese país y que esa medida no equivalía, por sí sola, a una orden de detención ni a un impedimento automático de ingreso en la Argentina. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, reiteró ese criterio en una actividad en Rosario: el senador presentó los documentos exigidos y no había alertas de Interpol que obligaran a las autoridades locales a actuar. La Casa Rosada insiste en que los controles se aplicaron según la normativa vigente y desmiente una supuesta colaboración irregular en la partida del brasileño.

La Justicia federal abrió actuaciones para establecer si el paso de Bolsonaro configuró delitos. En Comodoro Py, la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares a partir de una denuncia contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por presunto encubrimiento; la causa quedó a cargo del juzgado federal de María Eugenia Capuchetti. Simultáneamente, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, solicitó informes a organismos nacionales tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, entre ellos registros migratorios, documentación aeroportuaria y antecedentes del vuelo privado utilizado. Un eje clave es determinar qué datos tenían Migraciones y las fuerzas de seguridad sobre la situación judicial del senador antes de su arribo.

Según registros difundidos por Migraciones, Bolsonaro ingresó el martes 27 de octubre a las 22.50 por el Puente Internacional Tancredo Neves, junto a su esposa y sus dos hijas. Los cuatro contaban con documentación válida y sin impedimentos registrados para autorizar el ingreso. Horas después la familia embarcó en un vuelo privado de Baires Fly: un Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW, con destino declarado Guayaquil, Ecuador. La aeronave despegó de Puerto Iguazú a las 00.21 del miércoles y prosiguió hacia Miami, donde Bolsonaro arribó en la mañana. El desplazamiento ocurrió pese a que el Supremo Tribunal Federal de Brasil le había ordenado entregar los pasaportes y le prohibió salir del territorio brasileño.

También se examina la actuación de la PSA durante el traslado al aeropuerto de Puerto Iguazú. Imágenes publicadas muestran un automóvil de patente brasileña escoltado por un patrullero federal al acceder a la terminal. En consultas previas, el área de Seguridad había indicado que no disponía de un parte operativo que formalizara ese acompañamiento; ahora el Gobierno afirma que las actuaciones de la PSA fueron enviadas a la Justicia.

La polémica alcanzó al asesor presidencial Santiago Caputo tras circular versiones sobre una eventual participación en la organización del viaje. Su nombre se vinculó con un control policial de la madrugada del miércoles sobre vehículos de la Entidad Binacional Yacyretá, en la ruta nacional 12, en Misiones; según esos relatos, habría sido identificado en el procedimiento, aunque su entorno lo desmintió y no hay confirmación oficial de que hubiera coordinado el vuelo. Mientras sectores del Ejecutivo niegan haber intervenido en la logística del traslado, otras fuentes oficiales admitieron que hubo una planificación relacionada con autoridades estadounidenses.

En el Congreso, la oposición impulsó iniciativas para pedir explicaciones: Agustín Rossi presentó un proyecto para citar a Diego Santilli a la Cámara de Diputados y Esteban Paulón promovió pedidos de información sobre los movimientos migratorios y el avión privado. También surgieron propuestas para interpelar al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sin que, por ahora, esas presentaciones hayan significado la aprobación de comparecencias.

En lo diplomático, el episodio reavivó tensiones con Brasil luego de que Bolsonaro agradeciera públicamente a Javier Milei y a Donald Trump por su llegada a Estados Unidos. La Cancillería brasileña evitó anticipar medidas contra la Argentina y derivó las consultas sobre la situación judicial del senador al Supremo Tribunal Federal. El Gobierno argentino, en tanto, procura mantener los vínculos comerciales con el país vecino mientras atiende los requerimientos judiciales.

La remisión de documentación no cierra las indagatorias: corresponderá a la Justicia definir si hubo irregularidades o conductas penalmente relevantes durante el ingreso, el traslado y la salida de Bolsonaro del territorio argentino.