La Fiscalía ordena detener a Santiago Peña tras su destitución por el Senado paraguayo

Este viernes la crisis política y financiera de Paraguay registró un giro judicial decisivo: poco después de que el Senado lo destituyera, Santiago Peña quedó detenido por orden del Ministerio Público y permanece bajo arresto domiciliario, a disposición de la Fiscalía. La medida se enmarca en una investigación por presunta lesión de confianza vinculada a Ueno Bank y se concretó cuando el Congreso ya había consumado su salida del poder mediante un juicio político que lo declaró culpable de mal desempeño en sus funciones.

La Fiscalía de Paraguay instruyó a la Policía Nacional la captura inmediata del exmandatario. Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez, firmaron la orden. También fue alcanzado por la misma decisión el ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding.

Peña permitió el ingreso voluntario de efectivos policiales a su domicilio y se puso a disposición de las autoridades judiciales, según informaron los persecutores. La cuadra de su vivienda permanecerá cerrada al tránsito y bajo vigilancia hasta las 11 del sábado, hora local; para entonces está previsto trasladarlo a la sede del Ministerio Público, en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El proceso político avanzó con rapidez durante la tarde del viernes, cuando el Senado aprobó la destitución con 44 votos tras dos días de juicio político. El economista de 47 años, que asumió la presidencia en 2023, había presentado renuncia el jueves al perder el respaldo de su partido, pero el cuerpo no aceptó formalmente la dimisión. Su defensa pidió prórroga para preparar argumentos; el Senado rechazó el pedido y lo instó a comparecer. Sus asesores concurrieron a la sesión y denunciaron una "violación al debido proceso".

Los diputados que actuaron como fiscales del juicio político imputaron presuntos conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria, desvíos de fondos de pensiones y participación en un encubrimiento institucional que habría involucrado al Banco Central.

La caída de Peña se ligó de forma directa a la crisis de Ueno Bank, entidad financiera digital del Grupo Vázquez con la que el exmandatario había mantenido vínculos comerciales. El banco concentraba depósitos públicos por unos 850 millones de dólares —entre ellos fondos del Instituto de Previsión Social— y cerca de tres millones de clientes. Desde el martes permaneció cerrado, lo que generó alarma entre los ahorristas.

En Asunción, manifestantes se concentraron frente al Congreso para exigir responsabilidades y una compensación más ágil para los depositantes. Otros protestaron ante el Banco Central con consignas como "queremos la plata".