Ruiz califica de inédita la crisis en la AMT, defiende los números en disputa y apunta a maniobras electorales

La presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), Marcela Ruiz, abordó en profundidad el conflicto que atraviesa la entidad tras la escalada judicial que terminó con la suspensión de los comicios y la apertura de investigaciones contables. Reconoció la gravedad del enfrentamiento interno y sostuvo que su administración actúa con transparencia.

Recién reincorporada de una licencia médica por una intervención en las cuerdas vocales, la magistrada definió la situación como inédita e impactante: “A lo largo de los años de la Asociación nunca se ha vivido una situación de estas características; el minuto a minuto me tiene totalmente impactada”.

Sobre la imagen pública de la pelea entre jueces, Ruiz admitió: "Esto que vos decís es bochornoso, es bochornoso, pero también te quiero decir que no hemos hecho nada para contribuir a ese bochorno; es la primera vez que hablo, nunca hablé con ningún medio ni en off ni en on”. Enmarcó la seguidilla de denuncias en una maniobra política para posicionar candidaturas de cara a la renovación de autoridades prevista para diciembre, hoy frenada por la Cámara Civil. “Hoy a la vista ya te diría que era también, de alguna manera, preparar un terreno electoral”, afirmó, y sostuvo que el debate de fondo responde al rechazo de un sector tradicional a la reforma estatutaria que incorporó a los funcionarios con plenos derechos: "A veces la inclusión molesta”, dijo Ruiz.

Advirtió sobre las consecuencias del desgaste institucional para el servicio de justicia:

Una asociación débil implica que cuando un juez concreto tiene un problema, no tiene quién lo defienda; las asociaciones fuertes garantizan la independencia del Poder Judicial. ¿Quién tendría interés en que sea débil? Eso tendrían que averiguar.

Respecto de su vínculo con la camarista Malvina Seguí —quien impulsó el amparo electoral—, aseguró que mantienen una buena relación, aunque no confirmó si buscará un nuevo mandato: en este momento su prioridad es la salud.

Respondió a los cuestionamientos del juez penal Gonzalo Ortega por las erogaciones del ejercicio 2024 y a la demanda de nulidad de asamblea de la jueza Ana María Iacono por los números de 2025. Sobre el pago anual de $22,7 millones en café y comestibles, explicó que proviene de un servicio libre que proveen tres máquinas automáticas en sedes judiciales: “Se consumen mensualmente promedio 2.000 tazas de café, el costo de cada café hoy es de $1.133. Son $2 millones por mes, y para la cantidad de café que se consume y la cantidad de asociados es absolutamente nada”.

Sobre partidas de medicina prepaga (como Swiss Medical u OSDE), negó que impliquen erogaciones de la asociación:

Nosotros gestionamos convenios; el que quiere firma un consentimiento de descuento por esa tarifa. ¿Cómo lo va a pagar la asociación? Se les descuenta a ellos por planilla, no es un gasto de la entidad porque no tendríamos esa cantidad de plata.

Frente a la asamblea del 23 de abril que Iacono impugnó judicialmente por aprobarse a “libro cerrado” y sin exhibir comprobantes, desmintió que se hubiera ocultado documentación y cuestionó que la denunciante no deliberara:

Todas las notas fueron contestadas; ella habló un montón de veces con nosotros, fue a la mañana y sacó fotos del balance. A la tarde hubo una asamblea con más de 170 personas donde una escribana tomó lista uno por uno con documento y la doctora Iacono no se presentó, cuando era la oportunidad asociativa de concurrir.

Ante la consulta de si la interna buscaba frenarla porque su nombre circulaba para reemplazar al vocal Antonio Estofán ante una eventual jubilación, Ruiz no lo descartó pero tomó distancia: "Soy una persona muy creyente y creo que Dios te pone en el lugar donde quiere y donde te necesita (...). No es una decisión que para nada dependa de mí, es una decisión de quien debe tomarla, que es el Poder Ejecutivo", destacando su currículum y su buena relación institucional con el gobernador Osvaldo Jaldo tras haber litigado en su momento por la ley de jury.