Causa $Libra: la PIA impugna el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y exige reabrir la investigación

El expediente por la criptomoneda $Libra registró un giro judicial cuando la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) impugnó los sobreseimientos del presidente Javier Milei, de su hermana Karina y de otros nueve imputados, y pidió la reapertura de la causa.

La unidad fiscal especializada en delitos de funcionarios públicos asumió formalmente el ejercicio de la acción penal, función que había dejado de ejercer el fiscal Eduardo Taiano, y presentó ante los tribunales federales un recurso contra el fallo que cerró la pesquisa. El fiscal Sergio Rodríguez, al frente de la PIA, elevó un escrito de 16 carillas en el que calificó de "prematura" la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, dictada el viernes anterior.

"A criterio de este organismo, la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba", sostuvo la Procuraduría. En función de ese planteo, solicitó que se reabra la investigación y, en caso de que el pedido sea rechazado, presentó un recurso de apelación en subsidio para que intervenga la Cámara Federal.

La intervención respondió a un planteo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), dos organizaciones que participan en el expediente como amicus curiae y que habían reclamado que el organismo asumiera directamente la persecución penal para evitar el cierre definitivo de la investigación.

La Procuraduría ya había abierto una investigación propia en los días posteriores al lanzamiento y posterior colapso de $Libra. Sin embargo, tras la apertura de la causa judicial, Taiano no le dio intervención durante el año y medio que estuvo a cargo de la pesquisa.

Rodríguez sostuvo en su presentación que la evidencia reunida hasta el momento requiere una investigación más profunda. Entre los aspectos pendientes mencionó la falta de colaboración de otras jurisdicciones, como Estados Unidos, y la necesidad de avanzar con peritajes forenses sobre algunos teléfonos celulares. También aludió a las "maniobras de entorpecimiento y ocultamiento desplegadas por algunos de los imputados", entre ellos Mauricio Novelli y Sergio Morales, quienes habrían borrado contenidos.

Otro punto que, según la PIA, todavía debe esclarecerse es la intervención de Javier Milei en la difusión de la criptomoneda. "Resta dilucidar cómo hizo el Presidente para difundir un contrato que aparentemente no era de acceso público ni estaba en las redes", planteó el organismo en referencia a la publicación que Milei realizó en su cuenta de X durante la noche del 14 de febrero de 2025.

La Procuraduría también defendió la cadena de custodia de los peritajes realizados y reclamó profundizar el análisis de la nota denominada "final agreement as discussed with H" (acuerdo final según lo discutido con H), en la que Novelli aludió a pagos por U$S5 millones. Para el organismo, el alcance limitado del análisis realizado hasta ahora no permite descartar la hipótesis delictiva. A su vez, cuestionó que no se haya profundizado en los ingresos a la Casa Rosada autorizados por la Secretaría General de la Presidencia, en particular los reiterados accesos de Novelli y Morales, que consideró indicios que deben ser valorados en conjunto con el resto de la evidencia.

"Las fechas y los reiterados accesos constituyen indicios que, valorados de manera conglobada, robustecen la hipótesis delictiva del caso; todo lo contrario a lo sostenido por el fiscal y resuelto por el magistrado de grado", sostuvo la presentación. Entre las medidas que considera pendientes, la PIA incluyó reconstruir la trazabilidad de los fondos, recuperar y analizar comunicaciones, investigar posibles acuerdos comerciales y examinar los movimientos de dinero relacionados con los hechos.

El organismo tiene antecedentes en otras investigaciones en las que impulsó medidas dejadas de lado por otros fiscales. Uno de los casos mencionados es Skanska, donde insistió en incorporar una grabación interna de la empresa sobre presuntos pagos de sobornos; la Corte Suprema nacional terminó validando ese planteo y el expediente derivó en condenas de exfuncionarios kirchneristas. También reclamó la reapertura de la causa por el Vacunatorio VIP, decisión respaldada por la Cámara Federal, que ordenó continuar con la investigación.

En el caso $Libra, la situación es particular: Taiano había solicitado los sobreseimientos y Martínez de Giorgi ya los había dictado, y la PIA no había sido notificada de esa resolución. Pese a esas circunstancias, Rodríguez comunicó al juzgado que asumía el ejercicio de la acción penal y cuestionó formalmente el cierre del expediente.

El Juzgado Federal 8, interinamente a cargo de Daniel Rafecas por la licencia de Martínez de Giorgi, deberá correr vista a Taiano para que fije su posición sobre la presentación; luego, la resolución quedará en manos de Martínez de Giorgi cuando retome sus funciones. Si el magistrado rechaza el pedido de la PIA, la apelación subsidiaria permitirá que la Cámara Federal examine el planteo, lo que mantiene latente una investigación penal de alto impacto político contra el Presidente.

Cipce e Inecip también habían cuestionado la actuación de Taiano por su negativa a avanzar con distintas medidas solicitadas por las querellas y las organizaciones, entre ellas el pedido para que Milei fuera citado a prestar declaración indagatoria. Además, señalaron que los sobreseimientos se dictaron sin garantizar a las víctimas la posibilidad de ser escuchadas ni de solicitar una revisión del criterio fiscal.

Con su presentación, la PIA busca evitar que los sobreseimientos se conviertan en el cierre definitivo de la causa y reclama que se profundice la investigación sobre las circunstancias que rodearon el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda.