Media sanción en el Senado para la reforma de la Ley de Salud Mental: el trámite sigue en Diputados
El proyecto oficialista sumó 42 votos positivos y 21 negativos. Amplía las internaciones involuntarias, habilita hospitales psiquiátricos y potencia el rol de los psiquiatras. Falta el tratamiento en la Cámara baja para convertirlo en ley.
· 4 min de lectura Por Redacción Base Tucumán
La Cámara alta aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental y el texto avanza hacia la Cámara de Diputados, donde los legisladores decidirán si lo sancionan tal como llega o lo modifican antes de alterar el modelo nacional de atención.
El Senado de la Nación otorgó media sanción a la norma vigente desde 2010. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo reunió 42 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones, y plantea ajustes en los criterios de internación, en la atención de consumos problemáticos y en la organización de los servicios de salud mental.
El proyecto retoca ejes centrales de la Ley 26.657, que instauró un modelo orientado a los derechos humanos y a la inclusión comunitaria. Entre las modificaciones figuran la ampliación de las condiciones para decretar internaciones involuntarias, la vuelta de los hospitales especializados en psiquiatría al mapa asistencial y un mayor peso de los médicos psiquiatras dentro de los equipos interdisciplinarios. También suma las adicciones a las políticas de salud mental; desde la oposición se puso en duda que exista presupuesto suficiente para aplicar la norma.
Tras el voto en el Senado, el expediente quedó habilitado para su debate en Diputados. Para entrar en vigencia como ley, necesitará la conformidad de la Cámara baja.
Internaciones sin consentimiento del paciente
La reforma modifica con especial detalle cuándo puede disponerse una internación involuntaria. El texto prevé que esas medidas procedan ante un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. Quien evalúe el caso deberá ponderar el estado actual del paciente, sus antecedentes de conductas o ideaciones que puedan causar daños y la evolución previsible de su situación si no recibe tratamiento.
En situaciones de urgencia, si en el momento de la evaluación hubiera un único médico disponible, ese profesional podrá ordenar la internación; un equipo interdisciplinario especializado deberá ratificarla dentro de las 48 horas. Los jueces, por su parte, quedarán facultados para imponer internaciones involuntarias cuando los prestadores de salud se nieguen a llevarlas adelante pese a cumplirse los requisitos legales.
El articulado conserva el carácter excepcional de estas medidas y subraya la obligación de resguardar los derechos de las personas durante el tratamiento.
Hospitales psiquiátricos, teleconsultas y dispositivos comunitarios
Otra modificación relevante autoriza internaciones en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental —públicos o privados— además de los hospitales generales. La reforma mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y sostiene el impulso a dispositivos comunitarios que favorezcan la inclusión social y laboral de quienes padecen trastornos de salud mental.
El proyecto habilita teleconsultas con médicos psiquiatras cuando no sea posible garantizar su presencia presencial, con el fin de acercar especialistas a zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Incorpora, además, disposiciones sobre la participación de las familias en los tratamientos.
Familias, financiamiento y recursos provinciales
La iniciativa fija obligaciones para familiares y responsables de personas con trastornos mentales y reconoce derechos específicos a quienes cumplen tareas de cuidado. Prevé mecanismos de orientación, acompañamiento y acceso a información sobre tratamientos y recursos disponibles.
Durante el debate parlamentario se agregó una cláusula para establecer mecanismos de asistencia técnica, económica y financiera de la Nación hacia las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propuesta prevé convenios entre jurisdicciones, con compromisos de financiamiento, objetivos, cronogramas y mecanismos de rendición de cuentas. Los fondos deberán orientarse prioritariamente al fortalecimiento de equipos interdisciplinarios, la contratación y formación de profesionales, las teleconsultas y el desarrollo de dispositivos comunitarios, de modo que cada provincia pueda asumir las obligaciones de la ley según su capacidad fiscal y sanitaria.
Cruces entre oficialismo y oposición
En la discusión, el oficialismo sostuvo que la legislación vigente requiere herramientas para responder a situaciones de riesgo y mejorar la atención de los pacientes. La senadora Ivanna Arrascaeta afirmó que la ley de 2010 quedó desactualizada en algunos puntos y que el proyecto se ajustó con aportes de profesionales, instituciones, asociaciones civiles y familiares. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, respaldó los cambios en los criterios de internación y argumentó que la norma debe permitir intervenciones oportunas ante riesgo grave; también subrayó la necesidad de articular el trabajo de psicólogos y psiquiatras.
Desde la oposición hubo reparos sobre el alcance de las modificaciones y sobre las condiciones para garantizar su puesta en marcha. El senador Guillermo Andrada, del bloque Convicción Federal, señaló que uno de los problemas centrales de la ley vigente fue la escasez de recursos para cumplir sus objetivos y advirtió que alterar criterios clínicos no basta sin equipos, infraestructura y financiamiento adecuados. La senadora justicialista Lucía Corpacci consideró que la salud mental exige mayores recursos y cuestionó que la reforma pueda, por sí sola, resolver las dificultades del sistema.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el debate se trasladará a la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán definir si aprueban el texto o introducen cambios.
