Familias, jubilados y provincias absorben el impacto de los recortes en Remediar y PAMI

Durante los últimos dos años el acceso gratuito a medicamentos retrocedió de forma marcada, en el marco de los recortes que el gobierno de Javier Milei aplicó a Remediar y al PAMI en 2026. Lo consigna un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que describe un ajuste por etapas cuyo último hito fue el 15 de octubre de 2026: ese día el Ministerio de Salud nacional redujo de 128 a seis los principios activos del listado nacional de medicamentos esenciales para la atención primaria.

El documento analiza los dos grandes canales públicos de fármacos sin cargo: Remediar, que abastece centros de atención primaria en todo el país, y la cobertura de medicamentos de la obra social de jubilados y pensionados. Según el organismo, la merma de prestaciones, beneficiarios y productos fue gradual y quedó formalizada en distintas disposiciones oficiales.

Remediar nació en 2002 para garantizar medicamentos esenciales gratuitos en el sistema público. La Nación entrega botiquines a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS); el programa llegó a cubrir unos 8.100 establecimientos y, según el Ministerio de Salud, a unas 19 millones de personas. El 15 de octubre pasado, una resolución de la cartera sanitaria derogó el listado vigente desde 2021 y lo sustituyó por una nómina de seis principios activos, todos orientados a enfermedades cardiovasculares: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

Quedaron fuera fármacos de uso masivo en crónicas y patologías frecuentes: metformina para diabetes, levotiroxina para hipotiroidismo, salbutamol para asma y EPOC, amoxicilina y cefalexina, fluconazol, loratadina, suplementos de hierro y ácido fólico, y varios anticonceptivos, entre otros. Para el CEPA, la medida cierra un proceso que arrancó en 2024, cuando los botiquines tenían unos 75 productos; en el primer semestre de 2026 bajaron a unos 30 y desde julio quedaron entre 22 y 23 medicamentos.

También cayeron los centros abastecidos: de unos 8.100 pasaron a 4.131 en la última entrega de 2025 y a 4.202 en la primera de 2026. Los tratamientos dispensados descendieron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, un 62% menos. El presupuesto asignado al programa para 2026, $36.054 millones, implica una caída real del 72% frente a lo ejecutado en 2023.

El estudio señala que el golpe recae sobre quienes no tienen obra social ni prepaga —más del 44% de la población— y advierte efectos sobre niños, embarazadas, pacientes crónicos y mujeres que accedían a anticonceptivos gratuitos. La escasez en atención primaria podría derivar consultas a hospitales de mayor complejidad y encarecer el gasto de bolsillo familiar.

En paralelo, la administración nacional sostuvo que la atención primaria es competencia provincial y que el nuevo listado es orientativo; aun así, el informe advierte que cubrir lo que dejó de enviar la Nación recaerá sobre las jurisdicciones, con capacidades fiscales muy dispares. Como referencia, Santa Fe destinará $17.675 millones en 2026 para comprar 195 productos y Misiones calculó unos $800 millones para reponer fármacos que ya no recibe del Estado. La situación puede ahondar desigualdades territoriales; en enero de 2027 está prevista la implementación plena del traspaso del programa a las provincias.

El segundo eje del trabajo es PAMI, con más de 5,3 millones de afiliados, en su mayoría mayores de 60 años. El ajuste también fue por etapas desde 2024: en abril los medicamentos gratuitos por afiliado pasaron de seis a cinco; en junio se excluyeron 11 moléculas de las 167 con cobertura del 100% y en agosto otras 44, entre antibióticos, corticoides y analgésicos. Se creó un esquema de medicamentos de uso eventual con 54 productos al 40% de descuento y nuevos requisitos para cobertura total ligados a ingresos, prepaga, propiedades y vehículos. El listado cubierto pasó de casi 3.000 productos a unos 2.000.

Entre noviembre de 2023 y octubre de 2026, los precios al público de los medicamentos más consumidos por mayores subieron alrededor del 404%, mientras lo que pagan los afiliados con cobertura PAMI aumentó cerca del 638%. El Micardis, para hipertensión, subió 850%; el Optamox, antibiótico con amoxicilina, 844%; y el Atlansil, antiarrítmico, 600%. En el mismo lapso la inflación general acumuló unos 351% y la jubilación mínima con bono, en $505.749 en octubre de 2026, creció cerca del 306%.

El informe estima que el ahorro mensual que representaba la cobertura gratuita de medicamentos —$84.988 en diciembre de 2024— equivale hoy a unos $138.500, el 27% de una jubilación mínima con bono. Cita un relevamiento del Observatorio Social de la UCA y la Sociedad de Gerontología y Geriatría según el cual el 35,2% de los hogares con mayores postergó o renunció a atención o medicamentos por dinero en 2025; solo el 70% de los mayores afiliados al PAMI usó la obra social para comprar fármacos y el 50% de los encuestados valoró mal la cobertura farmacéutica.

Los recortes en Remediar y PAMI forman parte de un ajuste más amplio del presupuesto sanitario. En mayo de 2026, la Decisión Administrativa 20/2026 recortó más de $63.000 millones al Ministerio de Salud: el vigente pasó de $7,4 billones a $6,66 billones. El informe señala reducciones cercanas a $20.000 millones en Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica; $5.000 millones en oncología y medicamentos de alto costo; $3.195 millones en la Administración Nacional de Establecimientos de Salud; $900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable; y $800 millones en la respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales, tuberculosis y lepra.

Agrega que el recorte no se explica solo por falta de fondos: a mediados de mayo, el programa de oncología y alto costo había ejecutado apenas el 6,2% de su presupuesto y el de acceso a medicamentos alrededor de un tercio. En conclusión, el CEPA sostiene que el Gobierno nacional desmontó progresivamente los dos principales mecanismos de acceso gratuito a medicamentos —para quienes no tienen cobertura y para jubilados y pensionados— y que el costo recae sobre familias vulnerables, personas mayores y provincias con menos recursos.