Las altas jubilatorias nuevas se reducen a la mitad en nueve meses

De enero a septiembre de este año, la Anses dio de alta en el sistema jubilatorio a 151.707 personas. Ese volumen representa una caída del 43% respecto del mismo lapso de 2025 —en aquel período hubo 114.264 altas más— y del 52% frente a los primeros nueve meses de 2024, cuando el organismo había registrado 163.459 jubilaciones adicionales. Los números provienen del análisis de la publicación estadística de la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación.

Según esos registros, el 43% de quienes se jubiló en 2025 accedió mediante una moratoria por aportes no realizados oportunamente; el 57% restante completó el trámite habiendo acumulado durante su vida laboral los 30 años mínimos de contribuciones que exige el régimen. Con datos disponibles desde 2010, 2025 marca el primer año en más de quince en que las altas sin moratoria superan a las otorgadas con regularización de aportes.

Menos altas implican, para el Ejecutivo nacional, un menor desembolso fiscal. La contracción se vincula con el cese, en marzo de 2025, del plan de compra de aportes para quienes estaban en edad jubilatoria previsto por la ley 27.705 —popularmente llamado moratoria, aunque en términos técnicos no lo fuera en todos los casos.

Ese vencimiento coincidió con el agravamiento del problema de informalidad laboral. El Indec registró que, entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de este año, la proporción de trabajadores informales pasó del 41,4% al 45% sobre el total de ocupados, incluidos asalariados y cuentapropistas. Paralelamente continúa vigente una normativa previsional que exige de forma estricta al menos 30 años de aportes para jubilarse, sin haber prestaciones proporcionales para quienes acumulan menos años de contribución.

Quienes no alcanzan ese umbral y no pueden completar aportes con los mecanismos hoy disponibles —detallados más abajo— pueden recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), condicionada a tener 65 años (varones y mujeres) y a superar una evaluación socioeconómica de la Anses. Entre enero y septiembre, el Estado abonó en promedio mensual 216.042 beneficios de ese tipo, un 13,8% por encima de los 189.889 del mismo intervalo de 2025.

Entre mediados de marzo de 2023 y marzo de 2025 rigió el segundo capítulo de la ley 27.705, que permitía adquirir aportes no ingresados a tiempo sin un pago previo al otorgamiento de la jubilación: la deuda se descontaba luego de los haberes mensuales durante un plazo fijado, a modo de cuotas. La propia ley fijó el 23 de marzo de 2025 como fecha de finalización; pese a que existía la posibilidad de prórroga, el gobierno de Javier Milei decidió no extenderlo.

El plan ya dejó huella en 2023, año de su entrada en vigencia: en todo ese ejercicio el 81% de las altas jubilatorias correspondió a beneficiarios con moratoria. En los primeros nueve meses de 2023 se contabilizaron 328.735 jubilaciones, cifra récord de la última década para ese tramo, lo que sugiere expedientes en espera de una norma con esas características.

Tras el cierre, el efecto se fue filtrando de manera gradual en la estadística, porque durante varios meses de 2025 posteriores a marzo se concretaron altas de solicitudes iniciadas mientras el esquema seguía vigente. En el conjunto de 2025 hubo 337.447 jubilaciones, un 20,5% menos que en el año anterior.

El universo de prestaciones con moratoria es heterogéneo: hay casos con más de veinte años efectivos de aportes y otros con muy pocos o ninguno. En la mayoría, el beneficio equivale al haber mínimo más el bono de $70.000: nueve de cada diez jubilados que perciben ese ingreso ingresaron al sistema mediante moratoria.

En septiembre pasado la Anses pagó 5,65 millones de jubilaciones. De ese total, el 68% —3,84 millones— incluyó alguna regularización de aportes; 1,81 millones (32%) corresponden a quienes cumplieron el requisito legal sin ese mecanismo.

Sigue activa, además, la moratoria de aportes de la ley 24.476, sancionada en 1995 y reglamentada en 2005, hito que impulsó la dinámica reciente de altas. Es un régimen permanente de regularización a muy bajo costo, pero su alcance se reduce porque solo cubre meses sin aportes anteriores a octubre de 1993; cuando el calendario impida nuevas adhesiones, dejará de aplicarse por el solo transcurso del tiempo.

Convive con un plan distinto de compra de aportes, también en la ley 27.705: el de “unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”. Pueden sumarse quienes están a diez años o menos de la edad mínima jubilatoria en el sistema general —mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64—. Cada unidad equivale a un mes de aportes; la ley autoriza comprar períodos anteriores a abril de 2012 desde los 18 años y con residencia en el país. El precio se actualiza por inflación: este mes ronda $42.560 y en noviembre alcanzará unos $43.382. Comprar un año completo costaría aproximadamente $520.584 si se pagara el mes próximo; diez años, unos $5.205.840.

Antes de adherir conviene revisar el historial de aportes en la Anses, accesible con la clave de seguridad social en el sitio del organismo, pestaña “Historia laboral” dentro de “Mi Anses”. Los períodos a adquirir bajo la ley 27.705 no deben aparecer ya como contribuidos.

La adhesión se tramita en Mi Anses, sección “Solicitud de prestaciones”, opción “Plan de pago de deuda previsional para trabajadores”; allí se eligen los períodos y se genera el Volante Electrónico de Pago (VEP). También puede pedirse turno en una unidad de atención presencial para asesoramiento y gestión, según informa el organismo previsional.

Otras reglas ayudan a completar años: se admite compensar aportes faltantes con el exceso sobre la edad mínima jubilatoria, y a las mujeres se les reconocen períodos por maternidad. Por exceso de edad, si quien solicita la prestación no se jubila al cumplir 60 o 65 años según corresponda, cada dos años por encima de ese límite cuenta como un año de aportes; un varón de 67 años, por ejemplo, podría jubilarse con 29 años de contribuciones efectivas.

En el reconocimiento por hijos, por regla general se computa un año por cada hijo y dos por adopción. Por un hijo con discapacidad suma un año adicional; si se cobró la Asignación Universal por Hijo (AUH) al menos doce meses, se agregan dos años más.