El Ejecutivo tucumano eroga unos $12.000 millones por mes para sostener el colectivo

En Tucumán el transporte público permanece en estado de emergencia desde 2018. Aunque por ahora no hay frentes de conflicto abiertos, el sector sigue bajo presión por la crisis económica de larga data. En paralelo al tratamiento de los presupuestos nacional y provincial, volvió a instalarse el debate sobre cómo financiar un servicio considerado esencial.

La mayor parte del dinero sale del Poder Ejecutivo provincial: subsidia a la Asociación de Empresarios del Transporte Público de Tucumán (Aetat) como compensación tarifaria y financia boletos sociales —al 50% del valor real— para estudiantes y jubilados. En conjunto, ese gasto ronda los $12.000 millones mensuales, según decretos y registros oficiales.

A ello se suma lo que invierte la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en el ámbito urbano: entre compensaciones y boleto gratuito, unos $1.500 millones. En las catorce líneas que operan en ese distrito rige SUBE, lo que habilita transferencias federales por atributos sociales.

Los envíos provinciales a Aetat no son fijos: varían sobre todo según el uso de los boletos sociales, mientras las compensaciones a las empresas son montos periódicamente actualizados. En el marco de la ley de emergencia prorrogada hasta 2028, un giro de $5.500 millones para octubre quedó respaldado por el decreto 2392/8, que señala:

Tomando en cuenta el actual contexto económico-social, es voluntad del Estado Provincial asegurar el normal acceso de la población al mencionado servicio, preservando su naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de necesidades colectivas primordiales, en un esfuerzo por limitar el impacto de la crisis del sector, producto del incremento en los precios de los insumos, repuestos, reparaciones, servicios de terceros y del costo laboral.

Por el decreto 1987/8, con idéntico fundamento, se autorizó un adicional de $700 millones, también para octubre. Entre ambos conceptos, las compensaciones a Aetat alcanzan $6.200 millones en ese mes.

Por otra vía, el Gobierno provincial publicó instrumentos para las distintas modalidades de boleto gratuito: no son subsidios sino fondos que cubren el 50% del costo del servicio. En agosto aplicó $1.598 millones en pasajes para jubilados (decreto 2315/8); $3.813 millones para 49.112 servicios de abonos rurales del “Boleto Estudiantil Provincial Gratuito” (decreto 2330/14); y $2.056 millones para 41.024 servicios con tarjetas magnéticas de estudiantes del área metropolitana, también bajo ese programa (decreto 2297/14). Ese mes, solo por esos mecanismos, la inversión global fue de $7.467 millones, aunque el total depende de cuántos pasajeros acceden a ellos.

Desde Casa de Gobierno indicaron que los pasajes para jubilados suelen demandar entre $1.200 y $1.500 millones, y los estudiantiles, entre $1.900 y $2.100 millones. De promedio, el Poder Ejecutivo mantiene cerca de $12.000 millones mensuales para el transporte y los programas gratuitos.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán aporta aparte una compensación de $1.000 millones y unos $560 millones por el boleto estudiantil municipal (BEM). Es el único distrito donde corren transferencias federales en modalidad de atributos sociales gracias a SUBE: unos $450 millones mensuales abonados hasta julio, con los últimos meses aún pendientes, según informaron fuentes municipales.