Tucumán pone en marcha en cuatro centros judiciales un área que controla el cumplimiento de medidas por violencia familiar

El Poder Judicial de Tucumán activará la Oficina de Gestión Asociada Provincial de Procesos de Violencia Familiar, una estructura instalada en los cuatro centros judiciales orientada a reforzar la respuesta judicial frente a la violencia familiar. Entre sus prioridades figura el control de la ejecución de las medidas de protección, de modo que las resoluciones judiciales se conviertan en acciones verificables sobre el terreno.

La Oficina de Control de Ejecución hará el seguimiento de las notificaciones y articulará con organismos estatales y entidades privadas que deban intervenir para materializar lo dispuesto por los juzgados. Si un magistrado fija una consigna policial como medida de protección, el área contactará a la fuerza para comprobar que la orden quedó implementada, intensificando así el monitoreo y la constatación del cumplimiento.

La puesta en funcionamiento será gradual en las próximas tres semanas: este viernes 30 de octubre operará en los centros judiciales Capital y Monteros; el jueves 5 de noviembre sumará el Centro Judicial del Este; y el jueves 19 de noviembre completará el despliegue en el Centro Judicial de Concepción.

Junto al Control de Ejecución, la oficina integrará equipos de Despacho Urgente, Comunicaciones y Guardia Provincial, que actuarán de forma coordinada en las distintas etapas de los expedientes por violencia familiar. El diseño también habilita repartir tareas entre planteles de distintos centros: funcionarios y empleados podrán aportar desde su sede a la tramitación de causas de otras jurisdicciones, según la organización del servicio.

Con ello se busca unificar criterios, profundizar la especialización y asignar cargas según las necesidades de toda la provincia, manteniendo presencia territorial para las particularidades de cada centro.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuso la medida mediante la Acordada N.o 1027/26, en el marco de la Ley Provincial N.o 7264 de Protección contra la Violencia Familiar, que regula un régimen de protección y asistencia integral para quienes padecen estas situaciones. En los considerandos, el máximo tribunal subraya la necesidad de procedimientos ágiles, urgentes, eficaces y especializados, destinados a resguardar la integridad psicofísica de las personas y mitigar riesgos en contextos de vulnerabilidad.

Como referencia se tomó la Oficina de Gestión Asociada de Procesos de Violencia Familiar del Centro Judicial Capital, en actividad desde septiembre de 2025, que permitió alinear metodologías y avanzar en la especialización de estas causas. Al extender el esquema a la provincia entera, el Poder Judicial apunta a mejorar la coordinación entre centros y la organización del servicio, con foco en el seguimiento de las medidas de protección decretadas por los jueces.