Molinuevo judicializa el ingreso a planta de 33 trabajadores del Concejo Deliberante de Concepción
El intendente de Concepción presentó una demanda para suspender la planta permanente de 33 empleados del Concejo, luego de que ocho concejales revivieran una ordenanza vetada.
· 3 min de lectura Por Redacción Base Tucumán
Alejandro Molinuevo, jefe comunal de Concepción, acudió a la Justicia para bloquear la incorporación definitiva de 33 personas del Concejo Deliberante. La medida legislativa había sido vetada por el Departamento Ejecutivo y, pese a ello, ocho concejales de la oposición la ratificaron. Desde el municipio cuestionaron la legalidad del trámite y estimaron que las designaciones implicarían cerca de $570 millones por año en erogaciones salariales.
El conflicto llegó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo: el Ejecutivo promovió una acción de nulidad y pidió una cautelar para que la ordenanza no produzca efectos hasta que se resuelva el fondo del asunto. La norma contó con el voto favorable de ocho de los doce miembros del cuerpo, en un bloque opuesto a la gestión municipal. Molinuevo afirmó que no hubo una evaluación adecuada de la necesidad de esos cargos y puso en duda los criterios de selección de los beneficiarios.
Según el intendente, varios de los incluidos carecen de antigüedad en la Municipalidad y no habría motivos para engrosar la estructura con nombramientos que, en su relato, obedecerían a intereses partidarios. Entre los puntos que más resistió el Ejecutivo figura la creación de áreas ligadas a políticas sociales y de juventud dentro del legislativo; sostuvo que esas tareas ya las cumplen otras dependencias municipales. Agregó que el edificio del Concejo no tiene lugar físico para 33 puestos más.
El mandatario calificó la decisión como una maniobra de la oposición y dijo que las designaciones favorecerían a cuadros vinculados a fuerzas políticas. Se trata de imputaciones del jefe municipal, no de fallos judiciales.
En materia fiscal, Molinuevo indicó que las cuentas municipales están equilibradas, pero advirtió que compromisos permanentes por unos $570 millones anuales podrían restar fondos a obras, mantenimiento urbano y servicios. También reprochó cómo se trató el proyecto en el Concejo: había dialogado con concejales sobre la situación laboral y propuso demorar cualquier definición hasta reunir más datos, aunque el texto se presentó y aprobó al final de una sesión sin acuerdo previo con el Ejecutivo.
La pelea institucional coincide con la puesta en escena electoral rumbo a las municipales de mayo de 2027. Molinuevo, alineado con La Libertad Avanza, lee la ordenanza como un movimiento opositor —en especial del justicialismo— orientado a recuperar la Intendencia. Al mismo tiempo mantiene contactos con el ex diputado nacional y ex intendente Roberto Sánchez, referente de la Unión Cívica Radical, para sondear acuerdos; hasta ahora no hubo entendimiento y no está descartada una competencia entre ambos por la conducción municipal.
Mientras siguen las conversaciones políticas, el desenlace legal dependerá de los tribunales. La Cámara en lo Contencioso Administrativo deberá decidir primero la cautelar que pide suspender las incorporaciones y, más adelante, la validez de la ordenanza impugnada. Hasta que haya sentencia, permanecerá abierta la fricción entre el Ejecutivo y la mayoría opositora del Concejo por una decisión que enfrenta dos visiones sobre la organización administrativa y el uso de los recursos públicos en Concepción.
