La JEP de Tucumán respalda la adquisición directa de su sede por US$ 1,06 millones

Ante los cuestionamientos de dirigentes opositores, la Junta Electoral Provincial (JEP) de Tucumán sostuvo que resulta conveniente para el Estado adquirir por contratación directa un inmueble en avenida Néstor Kirchner 3.190, por US$ 1,06 millón. Washington Navarro Dávila, vocal del organismo, indicó que ese predio ofrece condiciones difíciles de replicar en otros edificios. El plan apunta a acondicionarlo para las elecciones del 9 de mayo de 2027, aunque aún no hay fecha confirmada para la mudanza.

El acuerdo de compra quedó plasmado en la resolución 95/26, del 16 de octubre, con la cual la Junta aprobó la operación respecto de Juan Manuel Garretón. Sería la primera vez que el organismo disponga de un edificio propio adaptado a su operación.

Sectores de la oposición reprocharon el uso de contratación directa en lugar de una licitación pública. Navarro Dávila —titular del Ministerio Pupilar y de la Defensa y vocal de la JEP— explicó que esa vía respondió a las particularidades del inmueble: dos galpones con salida a la calle y áreas de oficinas, una distribución que considera adecuada para el funcionamiento cotidiano y para las tareas electorales. Reconoció que hacen falta refacciones, pero entiende razonable el precio si se ponderan ubicación, superficie y valores de mercado.

“Es una excelente decisión”, afirmó el funcionario. “Es la única forma en que uno puede conseguir un edificio de esas características, en el lugar que tiene”, agregó al fundamentar la contratación directa.

La resolución 95/26 se apoyó en el artículo 59, inciso 4, de la Ley provincial 6.970 de Administración Financiera, que prevé excepciones a la obligación de licitar. Esa norma habilita la contratación directa cuando la provisión de bienes o servicios es exclusiva de una persona o entidad y no hay un sustituto conveniente. La Junta consideró que el inmueble encuadraba en ese supuesto.

El Tribunal de Cuentas de Tucumán intervino en el control preventivo y, con el acuerdo 4.108, se expidió sin observaciones sobre la resolución electoral. Aun así, deben corregirse aspectos de imputación presupuestaria antes de firmar la escritura pública y tomar posesión.

Frente a las críticas políticas, Navarro Dávila subrayó que la operación pasó por los organismos de control. Sostuvo que una sede propia permitirá dejar de pagar alquileres en inmuebles que, según dijo, no reúnen las condiciones que exige la Junta; hoy funciona en un edificio locado de calle La Madrid 661.

“Se compra porque es una necesidad para dejar de pagar inmuebles que están en muy mal estado”, señaló el vocal. Comentó que durante los escrutinios resulta especialmente difícil conseguir espacios adecuados, cuando debe recibir, almacenar y procesar el material electoral de toda la provincia, y destacó que la compra sumará un inmueble al patrimonio provincial. Aseguró que se financiará con recursos del presupuesto anual de la Junta Electoral, con partidas aprobadas por la Legislatura.

Antes de optar por la propiedad de avenida Kirchner, fuentes del organismo indicaron que se consultó a al menos seis inmobiliarias y se evaluaron alternativas. La búsqueda se orientó a zonas alejadas del microcentro de San Miguel de Tucumán, por las complicaciones que generan los operativos electorales en áreas de alta circulación. Por ley, la sede debe estar en la capital provincial; en comicios, además, llegan camiones con urnas y materiales, lo que puede exigir cortes parciales de calles y medidas de seguridad. Por eso se priorizó acceso y espacio para la gestión administrativa y el escrutinio definitivo.

Entre los inmuebles analizados estuvieron los de calle Mendoza 1.050, Amador Lucero al 600 y Coronel Suárez al 700. Los informes técnicos concluyeron que la opción más conveniente era el de avenida Néstor Kirchner 3.190.

La Junta busca iniciar cuanto antes las obras de adaptación y trasladar allí sus oficinas, con la meta de operar en el nuevo predio para las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027. De concretarse, podría concentrar en un solo lugar la administración y el escrutinio definitivo, sin alquilar espacios extra como en comicios anteriores. Todavía no hay plazos formales para refacciones ni mudanza; la operación sigue en trámite y faltan pasos administrativos previos a la escrituración.