En Tucumán, cientos de edificios sin habilitación dejan a familias sin medidores propios ni escritura
San Miguel de Tucumán registra 253 inmuebles sin certificado de final de obra. El concejal Leandro Argañaraz presentó un proyecto de regularización que podría alcanzar a entre 15.000 y 20.000 personas.
· 4 min de lectura Por Redacción Base Tucumán
Ocupar un departamento sin saber de antemano cuánto costará la luz, el agua o el gas, quedar afuera de los subsidios energéticos y, en numerosos casos, no disponer de un título de propiedad define la vida cotidiana de miles de tucumanos que habitan edificios sin certificado de final de obra en San Miguel de Tucumán.
Datos que la Municipalidad exhibió ante el Concejo Deliberante señalan que 253 construcciones están en esa condición. Ante ese panorama, el concejal Leandro Argañaraz promueve una iniciativa para instaurar un régimen especial de regularización capaz de despejar los obstáculos administrativos de esas obras y, en paralelo, ofrecer salidas concretas a quienes las habitan.
Más que la regulación que tenemos, hace falta una regularización de algo que ya existe
, afirmó el edil. En su cálculo, la problemática podría involucrar a entre 15.000 y 20.000 personas.
El concejal detalló que las dificultades no se repiten de igual modo en cada edificio. En algunos casos persisten trámites administrativos sin cerrar; en otros, la construcción superó metros cuadrados o pisos respecto de lo aprobado en los planos originales y exige gestionar un conforme de obra. También aparecen situaciones en las que las constructoras quebraron o desaparecieron sin terminar la documentación.
A ello se agregan escenarios más delicados, donde podrían registrarse fallas o daños estructurales.
De los 253 edificios no sabemos el número exacto de cuál es la situación de cada uno
, advirtió Argañaraz.
La ausencia del certificado trasciende lo burocrático. Para quienes viven en esas unidades, el impacto se nota en lo diario: desde cómo se reparten los gastos hasta si pueden contratar servicios a nombre propio.
En varios edificios un solo medidor abastece a todas las unidades, de modo que los residentes reparten electricidad, agua o gas sin una medición propia de lo que consumen. En otros inmuebles se usan garrafas en los pasillos.
Hay gente que vive en edificios que tienen la garrafa en el pasillo, que no sabe cuánto va a pagar de luz, de agua o de gas porque tenés un solo medidor para todo el edificio
, relató el concejal.
Un frente adicional son los subsidios energéticos. Argañaraz señaló que, al faltar la documentación para individualizar los servicios, muchos siguen abonando la electricidad como si la obra siguiera en construcción, sin acceso a los beneficios que les corresponderían.
La situación también complica armar consorcios, administrar expensas y encarar cuestiones legales. Hay compradores de buena fe que pagaron con boletos de compraventa y jamás lograron la escritura.
Tenés gente que está viviendo en el aire y que no tiene certeza sobre cuál es efectivamente la situación de los departamentos en los que residen
, expresó.
Frente a ese cuadro, el proyecto de Argañaraz prevé un registro para relevar con precisión cada edificio. La propuesta habilita la inscripción de constructoras y titulares de dominio, pero también de quienes adquirieron departamentos de buena fe, inquilinos, tenedores y poseedores de las unidades.
Con ese diagnóstico, la idea es impulsar los trámites administrativos que regularicen cada inmueble y, al mismo tiempo, individualizar las unidades para que sus ocupantes accedan a servicios públicos de forma autónoma.
La meta es que los vecinos dejen de depender solo de las desarrolladoras o de los titulares del edificio para resolver un problema que, en muchos casos, arrastra años sin respuesta.
El edil indicó que recibió reclamos de propietarios, inquilinos y administradores atrapados en conflictos legales y administrativos, y citó desarrolladores que cobraron las unidades y dejaron sin completar los trámites finales.
Para Argañaraz, aunque gran parte de estos conflictos nace en relaciones contractuales entre privados, las consecuencias justifican una intervención del Estado.
Hay un conflicto entre privados, sí, pero también tiene una afectación en general a la población. No podés decir que hay un conflicto entre privados cuando tenés un 10% o un 15% de la población en esta situación
, sostuvo.
La iniciativa ya ingresó al Concejo Deliberante y se prevé debatirla en comisiones. El concejal anunció que seguirá impulsándola e invitó a los vecinos afectados a sumarse al debate.
El Estado no puede seguir mirando para otro lado ante esta realidad
, concluyó.
