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Intervención a Ueno Bank desata protestas en Asunción y el Congreso paraguayo prepara el juicio político a Santiago Peña

Tras la intervención del Banco Central a Ueno Bank, millones de ahorristas quedaron sin acceso a sus fondos, crecieron las exigencias de destituir a Peña y Alliana, y la Policía dispersó manifestaciones con gases y hidrantes.

· 3 min de lectura Por Redacción Base Tucumán

Intervención a Ueno Bank desata protestas en Asunción y el Congreso paraguayo prepara el juicio político a Santiago Peña
Protesta en Asunción por Ueno Bank.

Una crisis bancaria y política sitúa al presidente Santiago Peña ante un pedido de juicio político y moviliza a miles de afectados por el congelamiento de depósitos en Ueno Bank. Legisladores opositores y disidentes del oficialismo pidieron la destitución del mandatario y del vicepresidente Pedro Alliana, en un contexto de fuerte tensión en las calles de Asunción.

El conflicto escaló el martes, cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank —una de las principales entidades del país— por insuficiencia de capital. La medida suspendió servicios y alcanzó a unos tres millones de clientes, casi la mitad de los 6,4 millones de habitantes. En paralelo renunció el titular del organismo, Carlos Carvallo, y quedaron detenidos ocho directivos de la entidad, entre ellos su presidente Miguel Vázquez, tras una denuncia del regulador ante la Justicia.

Este miércoles cientos de manifestantes reclamaron la devolución del dinero y la salida del presidente. La movilización derivó en enfrentamientos con la Policía, que empleó gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Fue la segunda noche seguida de protestas vinculadas a la crisis financiera. Entre las consignas se escucharon “Devuelvan nuestra plata” y “juicio a Santi Peña”. También se formaron filas frente a sucursales de Ueno Bank, donde clientes buscaban información y recuperar depósitos.

Teresa Montiel, médica de 50 años, participó con una pancarta que decía “unidos somos más fuertes”. “Es el dinero de nuestra jubilación que ahora no sabemos si lo vamos a cobrar”, dijo. Marcelino Vergara, de 68, relató entre lágrimas que había perdido el acceso a los ahorros de toda su vida: “Perdí los ahorros de toda mi vida, solo tengo 8.000 guaraníes (casi un dólar). Todos deben ir presos”.

El pedido de destitución ingresó al Congreso con acusaciones de supuesto “mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo” y cuestionamientos sobre vínculos previos de Peña con el grupo empresarial que controlaba Ueno Bank —participación de la que se desvinculó en 2025—, decisiones regulatorias favorables a la entidad y concentración de fondos previsionales en el banco. Mauricio Espínola, diputado del oficialismo disidente, confirmó que la iniciativa reunió las firmas para tratarse en la Cámara de Diputados; la sesión quedó convocada para este jueves a las 10, hora local.

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La oposición necesita apoyo de una fracción del Partido Colorado para avanzar, pues el oficialismo conserva mayoría en ambas cámaras. Si Diputados aprueba la acusación, el expediente pasa al Senado, donde se desarrollará el juicio político; harían falta al menos 30 votos de 45 senadores para destituir a Peña y Alliana.

Ante la magnitud del impacto, el Gobierno anunció un mecanismo de emergencia. Peña promulgó este miércoles una ley aprobada con rapidez parlamentaria que habilita el pago anticipado de una parte de los fondos de garantía, con el objetivo de que los afectados cobren cuanto antes. El Banco Central indicó un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes —unos 1.675 dólares— y plazos de pago dentro de los próximos cinco días.

La continuidad de Peña dependerá del trámite legislativo y de las negociaciones entre sectores. Aunque Colorado tiene mayoría, hay divisiones internas y el expresidente Horacio Cartes, principal referente del partido, mantiene distancia con el Ejecutivo. Paraguay ya vivió una destitución presidencial por juicio político en 2012, cuando el Congreso removió a Fernando Lugo tras una masacre con 11 campesinos y seis policías muertos. Peña asumió en 2023 y su mandato va hasta 2028; por ahora permanece en el cargo mientras crece la presión social y política por la crisis bancaria.

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