El Banco Central de Paraguay interviene Ueno Bank: incertidumbre sobre los depósitos de casi tres millones de cuentas

Este martes el Banco Central de Paraguay (BCP) intervino a Ueno Bank ante problemas graves de solvencia, en una medida que impacta en las cuentas de casi tres millones de clientes a lo largo del país y encendió una crisis financiera con miles de ahorristas sin certezas sobre el destino de sus depósitos. La entidad, que concentra los recursos de esa clientela, quedó sometida al procedimiento de resolución que dispuso el organismo monetario una vez confirmada la debilidad patrimonial.

La resolución se adoptó por unanimidad en la jornada del martes porque el índice de solvencia del banco quedó por debajo del 50 % del mínimo que exige la normativa. A partir de ahí, la Superintendencia de Bancos designará interventores para relevar la situación patrimonial, resguardar los activos y ejecutar las acciones previstas en la ley. El anuncio elevó la inquietud entre quienes tienen dinero en la entidad: muchos se acercaron a distintas sucursales para averiguar qué pasará con sus ahorros. Cifras de junio de la propia institución indicaban más de 2,94 millones de clientes.

Paralelamente se abrió un conflicto político que alcanza al presidente paraguayo Santiago Peña, en el cargo desde agosto de 2023 y bajo escrutinio por vínculos empresariales previos con el grupo dueño del banco. La intervención sumó un capítulo más a la polémica que rodea a la entidad desde que Peña asumió: fue accionista de Ueno Holding, ligado al grupo propietario del banco, y mantuvo esos lazos comerciales hasta marzo de 2025.

Entre las críticas figura la designación de Carlos Carvallo —quien había sido máximo responsable de Ueno Bank— al frente del BCP poco después de la asunción presidencial, vista por sectores opositores como un posible conflicto de intereses. En plena crisis, Carvallo anunció que dejó el cargo a disposición y sostuvo que la renuncia ya estaba firmada; tras su salida asumió de manera interina Liana Caballero, integrante del directorio del organismo. En la conducción del banco, la investigación avanzó con la captura de ocho directivos, entre ellos Miguel Almada, el último de los detenidos.

Frente a la incertidumbre, el Banco Central buscó transmitir calma al señalar que los depósitos cuentan con garantía de hasta 75 salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas. Ese tope ronda los 228 millones de guaraníes, equivalentes a unos 36.700 dólares por persona física o jurídica. El pago de esa cobertura deberá concretarse en un plazo máximo de 15 días corridos desde la aprobación de la resolución de la entidad, aunque el período podría prorrogarse otros 15 días; según estimaciones que circularon en Paraguay, las fechas posibles para los pagos serían el 17 de noviembre o el 2 de diciembre.

Uno de los interrogantes centrales es cómo se devolverán los fondos a quienes operaban solo con Ueno Bank. Entre las vías en estudio aparecen la apertura de cuentas en otras entidades financieras o la entrega del dinero en efectivo. La situación preocupa especialmente a jubilados que deben cobrar haberes el próximo 17 de noviembre, y también a quienes tienen recursos de organismos públicos depositados en el banco.

Mientras se dimensiona la crisis, un grupo de ahorristas se congregó en los alrededores del Congreso paraguayo para exigir la devolución de los depósitos y un juicio político contra Peña. Los manifestantes, autoconvocados, montaron una vigilia en la plaza de Armas, frente al Parlamento, con carteles y consignas contra la administración del banco, y anticiparon una recolección de firmas para pedir el cierre de la entidad.

Que nos devuelvan el dinero primero

, reclamó Jorge Ramírez, uno de los organizadores de la movilización. Ramírez dijo que su salario quedó congelado durante el proceso iniciado por el Banco Central y que muchos paraguayos enfrentan dificultades similares al no poder usar sus fondos.

La protesta siguió a una concentración de centenares de personas en el Panteón de los Héroes, en el centro de Asunción, donde la Policía intervino para dispersar a los manifestantes tras desórdenes.

Uno de los frentes más sensibles es la exposición de instituciones públicas y organismos previsionales a los problemas de Ueno Bank. Estimaciones locales situarían en unos 380 millones de dólares los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) atrapados en la entidad; ese dinero pertenece al sistema que administra los haberes jubilatorios de la mayoría de los trabajadores del país y alcanza los ahorros de unos 32.000 jubilados. A ello se suman recursos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional Itaipú.