Propofest: Casación anula el cierre investigativo y obliga a revisar teléfonos de Boveri y Lanusse

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dispuso que el expediente de la causa «Propofest», que apunta al anestesiólogo Hernán Roberto Boveri y a la médica residente Delfina «Fini» Lanusse del Hospital Italiano por presunta administración fraudulenta de propofol, regrese al juzgado de instrucción. El tribunal entendió que la indagatoria se cerró antes de tiempo porque aún no se analizaron los celulares de los imputados, una diligencia que podría alterar la responsabilidad de cada uno en el presunto desvío de medicamentos para fiestas clandestinas.

En una resolución firmada por el juez Nicolás Grappasonno, Casación dejó sin efecto la decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, que había desestimado el pedido de la fiscalía para completar medidas probatorias. Con ello, el legajo deberá seguir tramitando en esa instancia antes de cualquier debate oral.

Boveri integra el plantel del servicio de anestesiología del Hospital Italiano y Lanusse cursaba el tercer año de residencia en la misma especialidad cuando, el 10 de abril, fueron procesados por defraudación por administración fraudulenta: al médico se lo calificó como autor y a la residente, como partícipe necesaria. La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó esos procesamientos, aunque desde entonces advirtió que la investigación debía profundizarse, sobre todo en el examen de los dispositivos electrónicos.

Para el Ministerio Público Fiscal, el contenido de los teléfonos puede reconstruir la maniobra, fijar la dinámica de los hechos y precisar el grado de intervención de cada acusado. El organismo también pidió al Hospital Italiano un informe detallado sobre intervenciones quirúrgicas, procedimientos anestésicos y sedaciones en los que hubieran participado Boveri y Lanusse entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de febrero de 2026, cuando se registrara el uso de dos o más ampollas de propofol.

El juez de instrucción rechazó esas medidas y sostuvo que la investigación estaba agotada: los peritajes podrían sumarse en el juicio y, si surgieran hechos distintos, abrirse nuevas causas. La fiscalía replicó que esa vía no alcanzaba, porque los elementos pendientes podían modificar la acusación antes del inicio del debate.

La representante del MPF insistió en que el análisis de los celulares no era prueba accesoria y recordó vínculos jurídicos con otras indagatorias: la muerte del médico Alejandro Zalazar y el expediente contra la anestesióloga Chantal Leclercq por presunto robo de propofol y otras sustancias en el Hospital Rivadavia. El juzgado aceptó devolver el expediente solo respecto de Lanusse y dejó avanzar hacia el tribunal oral la causa de Boveri. Esa divergencia generó un conflicto de competencia que llegó a Casación, donde también se concluyó que, por ahora, no hay elementos suficientes para involucrar a Leclercq.

Grappasonno señaló que peritar los teléfonos podía reforzar la hipótesis acusatoria o «modificar la plataforma fáctica de la imputación». En la resolución se subraya que «la diligencia pendiente podía tener incidencia directa en la determinación de los hechos que conformarían la acusación» y que el juzgado de instrucción no ponderó bien ese impacto al cerrar la investigación. Casación destacó además que, fuera cual fuera el resultado del peritaje, incidiría necesariamente en el requerimiento de elevación a juicio.

En consecuencia, la Cámara anuló la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 del 17 de julio y todos los actos que de ella derivaron, y ordenó que ese tribunal siga conociendo la causa.