La investigación por estafas en DG Automotores de Yerba Buena suma ya 28 denuncias

Dieciséis denuncias más ingresaron a la investigación por presuntas estafas en una concesionaria de Yerba Buena, que así acumula un total provisorio de 28 reclamos de clientes. En la causa figuran Matías Díaz Vier, de 40 años; su pareja, Anabel García, de 37; y Javier Goitea, los mismos involucrados en el expediente de Provincia Multimarcas. El juzgado declaró el expediente complejo y el perjuicio económico —antes calculado en unos $180 millones— podría crecer a medida que se sumen y cuantifiquen casos.

El viernes 23 de octubre, por la mañana, se realizó una audiencia para reformular los cargos contra los tres imputados. En esa instancia se agregaron los nuevos reclamos a los 12 iniciales: las denuncias pasaron de 12 a 28, con un incremento superior al doble.

Se investiga el delito de estafas reiteradas. La calificación de expediente complejo habilita ampliar plazos procesales de la investigación y de las medidas cautelares, según resuelva la Justicia.

Los hechos se relacionan con DG Automotores, también conocida como DG Cars, concesionaria sobre calle Solano Vera en Yerba Buena. La acusación indica que Díaz Vier y García dirigían el negocio y que a Goitea se le atribuye participación en cuentas y operaciones cuestionadas.

La fiscalía supone que captaban clientes con promesas de entrega de vehículos o de venta de los autos de los interesados. Una modalidad investigada era recibir unidades en consignación o como parte de pago para acceder a un cero kilómetro, en operaciones presentadas como intercambios “llave por llave”.

Los denunciantes relatan que debían entregar automóviles o motocicletas con llaves y formularios 08 firmados. Según la acusación, esos vehículos se vendían después sin que los dueños cobraran lo pactado, o con depósitos muy inferiores a lo acordado.

Ante pedidos de devolución o de cumplimiento, aparecieron demoras y distintas explicaciones. Los vehículos prometidos no llegaban y los bienes entregados por los clientes no volvían, según la versión de los damnificados.

También se indaga la supuesta gestión de créditos bancarios: a algunos clientes se les ofrecía tramitar préstamos en entidades como Santander o Supervielle y se les exigía una seña mientras avanzaba el trámite. La denuncia afirma que los créditos no se gestionaban y que esos anticipos no se devolvían.

En la hipótesis acusatoria, el dinero de los clientes se transfería a una cuenta de Anabel García. Las operaciones denunciadas no se reducían a efectivo o transferencias: incluían vehículos con documentación firmada y otros bienes, como teléfonos celulares.

El último paso judicial reavivó el antecedente de Provincia Multimarcas, otra firma ligada a los tres imputados. Operaba en el piso 13 de un edificio en calle Salta 126, San Miguel de Tucumán, y entre 2020 y 2022 acumuló reclamos y denuncias.

La empresa había ganado visibilidad con publicidad televisiva, incluso en Canal 10. Las promesas de acceso a vehículos atrajeron a muchos clientes; los incumplimientos denunciados terminaron en protestas frente al local. La firma cerró y dejó de atender llamados.

En aquel conflicto, Díaz Vier y García rechazaron las acusaciones y expresaron molestia porque, según ellos, les tomaban fotografías y los observaban en el country donde vivían.

En ese expediente había cuatro imputados: además de Díaz Vier, García y Goitea, figuraba María José García. En 2022 se dispuso suspensión del juicio a prueba —probation— con compromisos de reparación económica y reglas de conducta.

El acuerdo previó que los imputados repararan el perjuicio de las víctimas y que, entre los cuatro, aportaran $100.000 a un programa provincial de reparación del daño que podía canalizar recursos hacia organizaciones y fundaciones. Fue una salida procesal con condiciones; no equivale a condena penal.

Tras ese antecedente, los tres imputados actuales volvieron a vincularse con la venta de vehículos mediante la concesionaria de Yerba Buena. Según los reclamos, los incumplimientos de esta etapa comenzaron hacia fines de 2025.

Antes de sumar los nuevos reclamos, la estimación del presunto perjuicio rondaba $180 millones. Con 28 denuncias, el monto podría cambiar, aunque más denunciantes no implican por sí solos una cifra total nueva.

La investigación deberá precisar el alcance de cada operación, el destino del dinero y de los vehículos entregados, y la responsabilidad de cada imputado. Las maniobras descritas integran la acusación y siguen bajo instrucción judicial.