En el juicio por Érika, Gordillo y Sosa comparten sala sin intercambiar una palabra

Justina Gordillo ingresó a Tribunales con escolta de dos policías, que no se apartaron de ella en todo el traslado. Al cruzar el umbral de la sala no pudo contener el llanto. Sus defensores, María Florencia Abdala y Camilo Atim, afirmaron: "Este proceso la destruyó emocionalmente. Por eso pretendemos que se haga justicia con ella".

La imputada, de 48 años, es secretaria del Poder Judicial. Tras su detención en febrero, la Corte Suprema de Justicia la suspendió sin goce de sueldo. Está procesada por encubrimiento triplemente agravado y cumple arresto domiciliario.

En la apertura del debate por el crimen de Érika Antonella Álvarez —el primer encuentro en más de nueve meses— volvió a estar en el mismo recinto que Felipe "El Militar" Sosa, principal acusado. Según el expediente, la última vez que lo había visto fue el 9 de enero, cuando él partió de Tucumán.

Ubicados en la sala, la escena se cargó de tensión: no hubo cruce de miradas ni de palabras. Personas allegadas a Gordillo indicaron que el quiebre entre ellos ocurrió cuando Sosa fue detenido en Buenos Aires.

Esa distancia se sostuvo durante las más de cuatro horas de la primera jornada. En un receso, Gordillo pidió ir a los sanitarios, pero la hicieron retirarse del recinto para que no coincidiera con Sosa, ubicado junto a la puerta principal. El personal de seguridad detectó el riesgo y, desde la próxima audiencia, ocuparán sitios separados.

Abdala planteó en el debate: "Ella tenía un proyecto familiar con Sosa. Eso lo vamos a demostrar". Explicó que él pensaba alquilar un departamento en un edificio sobre avenida Presidente Perón y que el dinero que extrajo servía para la seña; prometió acreditarlo con familiares de Justina y con la corredora inmobiliaria. Sobre la moto, sostuvo que no fue una compra casual sino un plan de al menos seis meses y que "no fue que la adquirió para fugarse". Agregó:

No hubo ningún plan de fuga, sino uno vacacional. Nuestra asistida tenía pensado viajar a Buenos Aires con las dos hijas de Sosa para encontrarse con él y después dirigirse a una ciudad de la costa atlántica. Hasta tenía una autorización judicial para poder tomar un avión.

Esa línea defensiva apunta a que, aunque no convivían, mantenían una relación de pareja, con vistas a invocar la excusa absolutoria del artículo 277, inciso 4, del Código Penal —figura que, en ciertos casos, exime de pena a quien encubre a alguien con vínculo familiar o afectivo especialmente protegido—, sin que el solo vínculo sentimental garantice su aplicación. El fiscal Pedro Gallo, por su parte, le atribuyó haber actuado con ánimo de lucro, circunstancia que, de probarse, cerraría esa vía.

Gallo sostuvo que Érika Antonella Álvarez fue asesinada a golpes por Sosa en su domicilio de Yerba Buena en la madrugada del 7 de enero, y que después el imputado abandonó el cuerpo en un descampado de Manantial Sur; por ello pidió prisión perpetua por femicidio. Requirió seis años de prisión para Gordillo por colaborar en ocultar el cadáver y eliminar pruebas, y la misma pena para Jorge "Chicho" Díaz por habría borrado evidencia y ocultado un arma. Nicolás Navarro Flores ya fue condenado a tres años efectivos en un juicio abreviado.

Marcelo Cosiansi, defensor de Sosa, negó que su cliente matara a Érika y anunció que buscará demostrarlo. Cuestionó las pericias forenses por conclusiones dispares entre médicos, planteó que la víctima tenía vínculos con alguien relacionado al narcotráfico y reclamó mayor profundidad en esa línea investigativa. Sostuvo que Sosa entró en pánico y ocultó el cuerpo por temor a represalias, pero que eso no implica que cometiera el homicidio.