Seguí apela y el juez Tejerizo vuelve a suspender las elecciones de la AMT previstas para diciembre

Las elecciones de renovación de autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) quedaron nuevamente suspendidas este jueves 12 de noviembre. El juez en lo Civil y Comercial Común de la XIII° Nominación, Raúl Tejerizo, concedió con efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la camarista Malvina Seguí, quien cuestiona la habilitación de socios adherentes en el padrón electoral.

Con esa decisión, el magistrado suspendió la ejecución del punto segundo de su sentencia de fondo del 10 de noviembre, mediante la cual había rechazado el amparo y levantado el freno comicial. Volvió así a regir la medida cautelar de no innovar que la Cámara Civil había dictado el 29 de octubre. La resolución frena otra vez el llamado a las urnas del 3 de diciembre y traslada el desenlace a la Alzada.

En la resolución firmada digitalmente y notificada de urgencia por el director de la Oficina de Gestión Asociada (OGA) N° 3, Fernando Moyano, Tejerizo fijó el alcance temporal de la suspensión:

1). Concédese, con efecto suspensivo (Art. 28, cuarto párrafo, CPCT), el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 10/11/2026. 2). Atento al efecto con que se concede el recurso, hágase saber a las partes que lo dispuesto en el punto II de la sentencia de fecha 10/11/2026 no se ejecutará hasta tanto se pronuncie la Excma. Cámara

. También dispuso habilitar días y horas inhábiles para elevar de inmediato el expediente y ordenó notificar con urgencia al apoderado de la entidad para que "deberá ponerlo en conocimiento de su Consejo Directivo y de su Tribunal Electoral", emplazando a ambas partes a comparecer ante el tribunal superior en el plazo perentorio de 24 horas.

Tejerizo dio curso al escrito de 28 páginas presentado por el abogado Eduardo Racedo en representación de Seguí, vocal de la Cámara del Trabajo de Concepción y candidata a presidenta de la entidad. En el planteo se cuestionó, en primer término, la competencia del juez de grado para extinguir una medida cautelar dispuesta por un tribunal jerárquicamente superior, al advertir que "no lo autoriza a revisar ni a extinguir una medida dispuesta por el tribunal de alzada, que se reservó expresamente su modificación o su cese". La apelación subrayó que, conforme al artículo 28 del Código Procesal Constitucional, los recursos contra sentencias definitivas en procesos de amparo proceden siempre con efecto suspensivo; permitir la reanudación del calendario de la Resolución N° 01/2026 antes de un pronunciamiento firme tornaría abstracta la revisión de la Cámara y consumaría un daño institucional irreparable.

En el fondo de la controversia —el cómputo de los cuatro años de antigüedad que exigen los artículos 8 y 37 del estatuto a los funcionarios judiciales ("socios adherentes") para votar e integrar listas—, Seguí impugnó el argumento central de Tejerizo, quien había sostenido que el artículo 5° reformado desplazaba por especialidad la cláusula transitoria del artículo 40.

La sentencia construye una antinomia inexistente entre la norma de vigencia (art. 40) y una norma interna del estatuto (art. 5). Una norma de segundo grado y una norma de primer grado no pueden estar en contradicción

, refutó la camarista, y calificó el razonamiento del juzgado como un "absurdo jurídico" y una "petición de principio". Destacó que el artículo 40 —aprobado como parte integrante del texto ordenado en 2021 y ratificado en 2025— difirió de manera expresa e inequívoca la entrada en vigor de toda la reforma hasta su publicación en el Boletín Oficial, el 31 de octubre de 2025. Por ello sostuvo que ningún adherente alcanzará el tiempo legal antes del 31 de octubre de 2029 y reprochó que el juez omitiera valorar una prueba dirimente: el dictamen técnico de la Asesoría Letrada de la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) que certificó que la reforma entró en vigencia recién en octubre de 2025.

Seguí denunció asimismo que la sentencia aplicó al revés la doctrina de los actos propios al pretender obligarla a convalidar incorporaciones realizadas por la directiva antes de la vigencia estatutaria, cuando ella votó el texto con la cláusula diferida y jamás participó de la asamblea de 2021. Señaló que habilitar irregularmente a unos 50 funcionarios —más del 20% del cuerpo electoral regular de 200 magistrados— diluye el sufragio de quienes sí están habilitados y condiciona la conformación de listas, y concluyó que

el principio pro sufragio no autoriza a ampliar el cuerpo electoral contra el texto del estatuto: protege el derecho de votar de quienes lo tienen

.

El nuevo freno electoral se enmarca en una prolongada secuencia de conflictos judiciales que afectan a la conducción de la AMT, presidida por la camarista civil Marcela Ruiz. El expediente iniciado por Seguí el 14 de octubre recorrió un laberinto procesal inédito: tras la inhibición inicial de Tejerizo por ser socio activo y la observación de su par Camilo Appas, la Cámara Civil enfrentó una ola de apartamientos que obligó al vocal Benjamín Moisá a asumir una presidencia subrogante para rechazar excusaciones bajo la advertencia de que la complacencia "hace crujir los cimientos de la República". Después de que Tejerizo denegara una primera cautelar el 21 de octubre y fuera recusado por temor de parcialidad, las camaristas Florencia Natalia Presti y María Soledad Monteros revocaron esa decisión el 29 de octubre (Sentencia N° 632) y ordenaron suspender las elecciones hasta un pronunciamiento de fondo. Esa paralización siguió vigente tras el fracaso de una audiencia privada de conciliación del 6 de noviembre y el pedido de pronto despacho en el que Seguí advirtió que "la regularidad electoral no se negocia en democracia", lo que desembocó en el fallo adverso del martes que hoy queda neutralizado por la apelación.

El conflicto electoral convive con otro frente judicial sobre rendición de cuentas. En el Juzgado Civil de la XI° Nominación tramita la demanda de nulidad de asamblea que en julio promovió la jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Ana María Iacono, quien impugnó la aprobación a "libro cerrado" del balance 2025 en la asamblea del 23 de abril. En esa causa, tras recusar sin causa al primer juez interviniente, Pedro Yane Mana, la magistrada Inés Yamuss ejecutó el 13 de octubre una inspección ocular donde constató un libro de Bancos en blanco desde mayo de 2017, planillas informales de Excel con agregados manuscritos, facturas de prepagas (OSDE y Swiss Medical) con anexos de personas físicas y comprobantes sueltos como un recibo sin membrete por $6 millones bajo el concepto de comida. El 27 de octubre, Yamuss volvió a la sede asociativa y exigió la entrega de los extractos bancarios del Banco Macro de todo 2025; acto que motivó que la AMT recusara con causa a la jueza denunciando un anticipo de criterio por WhatsApp, incidente que Yamuss rechazó citando el principio de no contradicción de Aristóteles y que también aguarda definición de la Cámara.

A ese panorama se suman las reiteradas intimaciones extrajudiciales del juez penal Gonzalo Ortega sobre el ejercicio 2024, en las que exige explicaciones por erogaciones de $22,7 millones en cafetería, pagos millonarios en farmacias, transferencias a la UNSTA y el manejo de fondos durante la acefalía institucional constatada entre 2022 y 2024 por Personas Jurídicas. Tras la negativa de la directiva a exhibir los comprobantes alegando que "no existe la figura del asociado por el pasado", Ortega retiró formalmente su solicitud de reafiliación denunciando que le trabaron el reingreso para impedirle auditar, respaldó a Seguí y a Iacono y afirmó que le provocaba "vergüenza ajena" la resistencia a transparentar los números de la corporación.

En el contexto de irregularidades contables y balances no auditados denunciados en la entidad, Ruiz admitió en televisión que el conflicto resulta "bochornoso" y atribuyó las denuncias a una interna electoral para debilitar a la magistratura. El efecto suspensivo que hoy concedió Tejerizo devuelve la definición a la Cámara Civil, que deberá resolver con carácter urgente si habilita el padrón de funcionarios o posterga los comicios hasta 2029, en medio de una crisis institucional que sacude al Poder Judicial local.