Federal: investigan si Báez dirigió desde Ezeiza una red que operó bienes embargados al margen de la Justicia

La Justicia Federal abrió una nueva investigación por presunto lavado de activos y asociación ilícita que vuelve a situar en el foco al empresario santacruceño Lázaro Antonio Báez, ya condenado en las causas kirchneristas «La Ruta del Dinero K» y «Vialidad». La Unidad Fiscal de Río Gallegos, con apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), investiga si el titular del Grupo Austral, detenido en la unidad penitenciaria de Ezeiza, explotó su patrimonio de forma ilegal, sorteando cautelares y decomisos dictados por distintos juzgados federales.

Este jueves hubo audiencia ante el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. Allí el fiscal Julio Zárate formalizó cargos contra el empresario, su pareja Claudia Insaurralde —detenida en un aeropuerto y por ahora en prisión— y otras ocho personas.

Las pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal llevan a sospechar que Báez sería el cabecilla de la estructura. Desde su celda —allanada el martes—, con una línea telefónica a nombre del Servicio Penitenciario Federal, habría impartido órdenes sobre el destino de sus inmuebles. Se estima que circuló poco más de 400 millones de pesos al margen del seguimiento judicial.

Para llevar adelante esas instrucciones, la red contaría con dos piezas centrales: Insaurralde y Cristian Sebastián Ibáñez, alias «Budín», hombre de confianza del constructor. Ibáñez fue aprehendido en el mismo operativo que Insaurralde, el lunes por la tarde en el aeropuerto de Ezeiza, cuando ambos llegaban desde Río Gallegos a Buenos Aires; la investigación baraja un intento de escape. Insaurralde viajaba con un bebé y en ese contexto la liberaron, aunque él quedó detenido.

En la línea del fiscal Zárate, los dos habrían articulado la gestión de estancias, el cobro de alquileres en ciudad y el reparto de dinero. Las interceptaciones mostrarían, según la acusación, contacto permanente entre Ibáñez e Insaurralde para decidir quién tomaba el control físico de los campos y cómo eludir las medidas judiciales.

Ibáñez, con una condena ya cumplida en otro expediente, habría conocido a Báez cuando este cumplía arresto domiciliario en Río Gallegos. En el círculo del empresario lo describen como «un perro fiel» y conocen su historial previo.

Desde el entorno del imputado no desmienten que propiedades o firmas aún activas sigan operando. Alegan que la Justicia exigió al condenado nombrar curadores para esos bienes y que todo se facturaría en regla. Por ahora, los imputados no declararon ni contestaron la imputación de que los fondos circulaban sin supervisión del Poder Judicial.

Entre lo secuestrado en 27 allanamientos de la semana figura un contrato de arrendamiento de la estancia La Entrerriana a favor del propio Ibáñez, con un canon mensual de $2.000.000. Planillas halladas en la celda de Báez indicarían que Ibáñez no abonó el alquiler pactado y adeudaría $12.000.000.

También apareció un convenio de capitalización ganadera por 7.000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba, entre la presidenta de Austral Agro S.A., Belén Casafúz Parada, y Paula Beatriz Godfrid. Godfrid y su hijo Mauro Gastón Trevisan Godfrid serían vías de «justificación» financiera: entre abril y octubre de 2026 enviaron a Ibáñez transferencias por 26.200.000 pesos en total. Parte de ese dinero se fragmentó después con giros rápidos hacia cuentas de Insaurralde y Fausto Devetac.

La hipótesis de comercialización marginal del rubro agropecuario se reforzó con escuchas. En una, Ibáñez habría negociado con Oscar Núñez la venta de 600 ovejas sin documentación y un lote de lana para conseguir con urgencia 10.000 dólares en efectivo.

Pese a ese cuadro, «Budín» Ibáñez habría hecho gestiones en persona y por teléfono para saber quién cobraba los alquileres de esas unidades, al constatar que el dinero no entraba a las cuentas del empresario. Un corredor inmobiliario de la zona le habría señalado que los cobros los manejaba una financiera informal en la intersección de Zapiola y Fagnano.

En paralelo, la fiscalía detectó uso no autorizado de activos de las empresas del grupo Báez, registrado en varios procedimientos. El 8 de julio de 2025, la policía de Santa Cruz detuvo en Caleta Olivia dos camiones con estructuras metálicas y maquinaria desarmada de Austral Construcciones. Uno, un Scania, era conducido por Pablo José Toledo, también imputado.

Aun después de ese hecho, el Scania seguiría en circulación bajo control de la organización. En septiembre de 2026 los investigadores lo fotografiaron en el domicilio de Ibáñez; días después lo interceptaron y secuestraron otra vez en Guer Aike, cuando intentaba trasladar mercadería con un chofer que usaba una licencia apócrifa.