Más de 20 allanamientos en bienes de Lázaro Báez por narcotráfico y lavado de activos

La Justicia federal llevó adelante este martes más de veinte allanamientos sobre inmuebles vinculados a Lázaro Báez en Santa Cruz y en Buenos Aires, dentro de dos expedientes por presunto narcotráfico y lavado de dinero. Entre los objetivos figuró la celda en la que permanece detenido el empresario.

Báez cumple una condena de diez años por lavado de activos agravado en la causa “Ruta del Dinero K” y por administración fraudulenta en “Vialidad”. Los procedimientos también involucraron a su pareja, Claudia Insaurralde, quien administra sus bienes; a un chofer y a otras personas.

La medida fue dictada por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Paralelamente ordenó embargos, requisas y el secuestro de vehículos.

Ambas indagatorias están ligadas y apuntan a dos supuestas organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos. En una causa se investiga el transporte de cocaína en camiones de una empresa transportista, al menos desde diciembre de 2025; la entrega de la droga estaría a cargo de dos hombres, uno de ellos vinculado a un lavadero usado para los contactos.

De esa pesquisa se desprendió otra línea que señala a una posible estructura encabezada por Báez, aún preso. La hipótesis judicial sostiene que el grupo administraría y pondría en circulación activos de origen ilícito sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre el empresario. Los investigadores también analizan si uno de los integrantes sería, a la vez, referente de una banda de narcotráfico en Santa Cruz; las pesquisas lo vinculan por primera vez con el delito.

Según fuentes judiciales, los operativos arrancaron el lunes y siguieron este martes, sobre todo en Río Gallegos, El Calafate, distintas estancias patagónicas y propiedades porteñas. Intervinieron personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

Como resultado se incautaron estupefacientes, documentación, vehículos relacionados con los imputados y otros elementos útiles para la causa. Además se decretaron medidas cautelares sobre el patrimonio de los involucrados y el levantamiento del secreto bancario y fiscal, tal como habían pedido los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco.