La Justicia estadounidense fija en seis años la pena de Fred Machado por fraude y lavado

Federico “Fred” Machado, empresario argentino que aportó recursos a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, fue condenado a seis años de prisión por la Justicia federal de Estados Unidos tras reconocer su responsabilidad en una causa por lavado de activos y fraude. En el país también pesan investigaciones sobre los vínculos entre Machado y el exdiputado de La Libertad Avanza.

El juez federal Amos Mazzant, del Distrito Este de Texas, fijó 72 meses por conspiración para lavar dinero y otros 72 por conspiración para cometer fraude electrónico, los dos delitos incluidos en el acuerdo de culpabilidad; ordenó que ambas penas se cumplan en forma simultánea, de modo que Machado permanecerá seis años privado de libertad y no doce. Tras su salida de la cárcel deberá cumplir tres años de libertad supervisada, también de manera concurrente para los dos cargos. Por ahora sigue detenido en un centro penitenciario estadounidense.

La sentencia contempla una multa y una evaluación especial de U$S100 por cada delito. El magistrado postergó por 90 días la fijación del monto que el empresario deberá restituir a las víctimas de las maniobras investigadas y convocó para el 17 de febrero de 2027, al mediodía, una nueva audiencia en el tribunal federal de Sherman, Texas.

En una audiencia de apenas 17 minutos, Mazzant homologó el acuerdo de culpabilidad que Machado había cerrado con la Fiscalía en agosto, rechazó los planteos de la defensa y, a pedido de los fiscales, desestimó decenas de cargos de la acusación original y de sus ampliaciones.

Machado fue detenido en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén y extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025. Inicialmente se declaró inocente y avanzó hacia un juicio por jurados, pero cambió de estrategia y pactó con los fiscales. En mayo admitió su responsabilidad en una audiencia de 16 minutos ante el juez Don Bush; a cambio de su reconocimiento de culpabilidad, la Fiscalía retiró la acusación por narcotráfico internacional, presente en el expediente desde 2020 y con una pena mínima obligatoria de diez años.

La investigación estadounidense describió un esquema de captación de inversores mediante operaciones fraudulentas de compraventa de aeronaves. Machado actuaba a través de South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, que controlaba desde Florida, y de Wright Brothers Aircraft Title, firma de Oklahoma City que funcionaba como agente de garantía y compartía oficinas y personal con Aircraft Guaranty Corporation. Esa última sociedad estaba ligada a su asociada estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada en 2023 a 16 años de prisión.

El expediente detalla contratos por aeronaves no disponibles para la venta o pertenecientes a terceros, con negociaciones con inversores y empresas de China, Japón y la aerolínea Air India. En noviembre de 2020 se cerró un negocio con un depósito reembolsable de U$S5 millones; de ese total, U$S550.000 fueron transferidos directamente a cuentas de Machado con fines ajenos a la operación comercial.

La condena del empresario repercute en la política argentina por su relación con José Luis Espert. Machado financió y facilitó aviones para la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019. Entre las piezas del expediente estadounidense figura una transferencia de U$S200.000 a favor de Espert, en enero de 2020 vía Bank of America, asociada a una aeronave con matrícula N28FM que Machado utilizaba en sus viajes a la Argentina.

Espert afirmó

que ese dinero formaba parte de un contrato de consultoría por U$S1 millón vinculado a un proyecto minero en Guatemala, del cual había percibido un primer desembolso, y que el trabajo no pudo concretarse por la pandemia de Covid-19.

Esa explicación quedó bajo escrutinio en la investigación judicial argentina: en octubre, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado libertario por presunto lavado de activos, al estimar que había indicios suficientes de que los U$S200.000 provenían de una firma vinculada con Machado. También dispuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. Espert apeló el procesamiento y negó haber cometido un delito.