Caputo será denunciado penalmente por unos 50 gremios que exigen liberar $688.000 millones para obras sociales
Unas 50 centrales sindicales, con Luis Barrionuevo al frente, llevarán a la Justicia al ministro de Economía por fondos estatales no liberados y pedirán actualizar el nomenclador de medicamentos congelado hace casi tres años.
· 3 min de lectura Por Redacción Base Tucumán
Aproximadamente cincuenta organizaciones gremiales preparan una acción penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, para exigir el desbloqueo de $688.000 millones vinculados al financiamiento de las obras sociales sindicales. La iniciativa está encabezada por Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), y la presentación imputará al funcionario incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El acuerdo se cerró en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA). Participaron la UOM Capital, bajo la conducción de Roberto Bonetti, y el Sindicato de Comercio de Armando Cavalieri, que administra OSECAC, una de las principales obras sociales del país. Los gremios buscan que esos recursos vuelvan al circuito de la seguridad social.
El monto total se desglosa en dos rubros, según el planteo de los asesores legales sindicales. Por un lado, $288.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución: remanentes de una partida presupuestaria de $148.000 millones aprobada en 2023 para prestaciones críticas, entre ellas las vinculadas con discapacidad. Los gremios sostienen que no se ejecutó en su totalidad y que los saldos crecieron al permanecer en plazos fijos en el Banco Nación. Por otro, $400.000 millones del Fondo de Emergencia y Asistencia, originados en un acuerdo de pago de 2017 con la prepaga OSDE por aportes no ingresados, transferidos al Estado mediante el Decreto 251/19 y aún sin liberar.
La causa también pedirá actualizar el nomenclador oficial de medicamentos. Los dirigentes afirman que los valores llevan casi tres años congelados y que las obras sociales recuperan apenas el 10% de los gastos reales en farmacia y tratamientos de alta complejidad. Luis Scervino, exdirector de la Superintendencia de Servicios de Salud y asesor de la CGT, calificó la situación como una “encerrona financiera”: la caída del poder adquisitivo de los salarios y el alza de los costos médicos comprimen las cuentas de las entidades. Además señaló que el 90% de los fondos de redistribución se destina a prestaciones por discapacidad, lo que achica el margen para financiar tratamientos de alta complejidad.
El impulso de Barrionuevo coincide con tensiones de estrategia dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras la conducción de la central mantiene diálogo con el ministro de Salud, Mario Lugones, el sector gastronómico apuesta a una postura más dura frente al Gobierno. UTHGRA confirmó huelga nacional con movilización al Ministerio de Capital Humano el 16 de noviembre, con reclamos de homologación de acuerdos paritarios y certificación de autoridades electas, y reiteró la convocatoria a un paro general de 36 horas contra las medidas económicas del presidente Javier Milei.
La escasez de fondos también golpea la operatoria diaria: según el planteo sindical, muchas obras sociales deben usar recursos propios para sostener pagos a clínicas, sanatorios, profesionales y proveedores de medicamentos.
