Paraguay: peritos ingresan al búnker de la mansión de Peña y constatan que estaba desocupado

La crisis política, judicial y financiera que atraviesa Paraguay registró una jornada de máxima tensión cuando quedó aclarado el destino del recinto de alta seguridad hallado en la residencia veraniega del expresidente Santiago Peña. En la mañana de hoy, en el marco de los allanamientos vinculados al colapso del intervenido Ueno Bank —por el que Peña está investigado por presunto lavado de activos y corrupción—, la Fiscalía allanó la bóveda en San Bernardino y la encontró vacía. Tras horas de tensión, el propio exmandatario facilitó el acceso; su defensa sostiene que se trataba de una habitación de pánico, aunque la Justicia evalúa si hubo un vaciamiento antes de la detención. La finca quedó incautada y Peña permanece en prisión preventiva desde su destitución, en el centro de una convulsión que afecta al sistema financiero y al gobierno interino.

Impulsados por el derrumbe de la entidad bancaria, integrantes del Ministerio Público lograron llegar al compartimento blindado oculto detrás de una pared falsa en la vivienda de Ciervo Cuá, a unos cincuenta kilómetros de Asunción. Pasaron más de veinticuatro horas de hermetismo y de intentos técnicos fallidos hasta que los peritos penetraron en el recinto y verificaron que estaba completamente vacío: sin dinero en efectivo, sin lingotes y sin documentación comprometedora en su interior.

El operativo estuvo encabezado por las fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, con refuerzo del Departamento contra el Crimen Organizado. El inmueble —un complejo de más de mil metros cuadrados cubiertos sobre media hectárea a orillas del lago Ypacaraí— está tasado en más de dos millones de dólares y sigue bajo escrutinio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En la primera inspección los investigadores advirtieron que un tabique encubría el ingreso a una estructura subterránea blindada. Aunque fracturaron una barrera convencional, una segunda puerta acorazada con lectores biométricos y cerraduras de alta complejidad de origen israelí detuvo a la policía durante todo el fin de semana.

El desbloqueo llegó tras gestiones procesales con la defensa del exmandatario. La fiscal González confirmó que Peña, por intermedio de sus abogados, entregó la clave y la ubicación exacta de las llaves de seguridad para que los peritos entraran sin forzar accesos ni usar explosivos que pudieran dañar la vivienda, situada bajo la piscina principal.

Lo que vieron al entrar desmontó las primeras hipótesis sobre un botín millonario: el espacio no albergaba fajos de billetes, cajas fuertes auxiliares ni joyas. Ante jueces y opinión pública, los defensores insistieron en que el cuarto no fue diseñado para esconder caudales ilegales, sino como habitación de pánico alineada con estándares internacionales de protección para jefes de Estado y familiares en zonas expuestas: blindaje robusto, filtros de aire autónomos y accesos reforzados.

A pesar de ese relato, el Ministerio Público no descarta un vaciamiento previo a las órdenes de allanamiento. Peritos informáticos y balísticos siguieron en el lugar para establecer si el ambiente fue alterado recientemente; secuestraron servidores, cámaras de circuito cerrado y equipos informáticos en los alrededores del habitáculo para revisar si hubo movimiento inusual de bultos en los días anteriores a la detención del dirigente. Concluida la diligencia, la administración de la propiedad veraniega pasó formalmente a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que la custodiará mientras avanza el proceso.

El despliegue en San Bernardino encaja en el escándalo de corrupción ligado a Ueno Bank, el brazo digital dominante del sistema local que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino de urgencia ante un hueco de liquidez e insolvencia que dejó a cerca de tres millones de usuarios sin acceso a sus ahorros. El daño patrimonial que calcula el Ministerio Público supera los ochocientos millones de dólares; la corrida empujó a la quiebra al conglomerado Grupo Vázquez, emparentado con el entorno cercano del expresidente.

Las pesquisas sobre la casa de verano apuntan a discrepancias patrimoniales en los balances de Peña. Según consta en las carpetas fiscales, en mayo de 2024 el entonces presidente contrató en simultáneo dos hipotecas en la entidad cuestionada por un total de 3.548 millones de guaraníes —cerca de 560.000 dólares—. La cuota mensual que asumió alcanzaba 239 millones de guaraníes (más de 35.000 dólares), más de seis veces su sueldo oficial como mandatario. Los investigadores estiman que el gasto real en el inmueble excedió lo declarado y que el banco habría servido como vía para blanquear fondos públicos provenientes de colocaciones indebidas en cajas jubilatorias estatales.

Las revelaciones aceleraron un colapso institucional en Asunción. Destituido por el Congreso y expulsado del Partido Colorado, Peña cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. En la misma causa hay ocho altos ejecutivos de la banca privada detenidos; el ex presidente del BCP también se presentó ante los tribunales. La Presidencia quedó a cargo de Pedro Alliana, en un contexto de protestas sostenidas y reclamos de pequeños ahorristas. Mientras la defensa califica el caso como persecución política y repite que el compartimento era solo un refugio de seguridad, los fiscales intensifican pedidos de información a organismos del exterior.