Juicio por el femicidio de Érika Álvarez: tres testigos refuerzan el caso contra Sosa

Felipe “El Militar” Sosa, principal imputado por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, enfrenta un escenario más adverso tras la audiencia del miércoles: tres testigos aportaron datos sobre sus movimientos entre el 8 y el 9 de enero, días posteriores al crimen.

Para la investigación, esas maniobras podrían iluminar qué hizo el acusado después del hecho y si preparó su salida de Tucumán con anticipación.

Patricio Graels, dueño de un lavadero en la intersección de Lola Mora y Perú, en Yerba Buena, relató uno de los testimonios centrales. Confirmó que Sosa concurrió el 8 de enero con una Volkswagen Amarok y encargó una limpieza interior especial.

Ese rodado es, según la línea de trabajo de los investigadores, el que habría servido para trasladar el cuerpo de Érika al descampado donde apareció.

“Él la llevó el 8 de enero y pagó $21.000 por el servicio que le hicimos”, declaró Graels ante el tribunal.

El comerciante aclaró que el imputado pidió un servicio premium —lavado, limpieza y aspirado de asientos e interior—, distinto del aspirado habitual cuando no se solicita esa modalidad.

El detalle cobró peso porque, a partir del relevamiento de cámaras, la fiscalía entiende que la víctima habría viajado en la parte trasera de la camioneta, zona incluida en la limpieza encargada.

Rodolfo Del Pino, perito contable del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF), expuso otro bloque sensible. Analizó movimientos bancarios de Sosa y de su ex pareja, Justina Gordillo, entre el 7 y el 16 de enero.

El informe ante el tribunal indica que el 8 de enero Sosa operó en tres bancos tucumanos y retiró por ventanilla $57 millones en total.

La sospecha investigativa es que esos fondos, ligados a empresas del imputado, habrían financiado una eventual fuga.

Respecto de Gordillo, el perito solo registró dos movimientos en cuenta sueldo, por $910.000. En el período relevado no hubo transferencias hacia ella, solo acreditación de haberes del Poder Judicial.

Juan Carlos Yácumo, empleado de una concesionaria de motos, describió la compra previa al viaje a Buenos Aires. Sosa se presentó a retirar una llave; el dueño del local le propuso canjear su unidad por un modelo nuevo y cerró la operación con una KTM.

“Entregó su moto más vieja, $4 millones en efectivo y firmó un documento de U$S 10.000 por el saldo que le quedaba por pagar y por la ropa especial que también se llevó del local. Ese documento terminó siendo cancelado por su padre, en marzo. La operación se cerró el 9 de enero”, detalló Yácumo.

También confirmó que, a pedido de Sosa, la moto quedó inscripta a nombre de Justina Gordillo, procesada por encubrimiento.

Yácumo matizó que en el rubro no es raro registrar el vehículo a nombre de la pareja o de una empresa. “Es muy común que las personas que adquieren motocicletas de alta gama las pongan a nombre de su pareja o de la empresa de la que son dueños”, explicó.

La compra se concretó un día antes del desplazamiento a Buenos Aires. Según la hipótesis del fiscal Pedro Gallo, ese viaje buscaría eludir la acción de la Justicia; la indumentaria especial para rodar en moto entró en la misma lectura.

Marcos Vidal, del comercio de motos usadas, declaró sobre la situación de Gordillo y las distancias entre defensa y acusación. Contó que en julio de 2025 Gordillo lo contactó para cotizar una moto que Sosa quería vender.

Vidal dijo conocerla por su vínculo con la infancia del ex marido de él y que sabía que la motocicleta era de Sosa.

“Nunca me enteré de que ella era una aficionada a andar en moto y mucho menos de que tuviera una. Sabía que el bien era de su nueva pareja”, manifestó.

Los defensores de Gordillo, María Florencia Abdala y Camilo Atim, valoraron la jornada a favor de su cliente. “Fue una jornada muy positiva porque se incorporaron evidencias que respaldan nuestra postura”, expresaron.

Sobre la Amarok, sostuvieron que el lavadero identificó a Sosa como quien llevó el vehículo y pidió el servicio. “No se puede acusar a alguien de encubrimiento porque fue a retirar el vehículo”, argumentaron.

Remarcaron que el análisis bancario no mostró extracciones millonarias ni transferencias desde empresas del imputado hacia Gordillo en el período analizado.

En la KTM, insistieron en que compró, retiró y usó Sosa, aunque figurara a nombre de su ex pareja.

La defensa apunta a descartar lucro por parte de Gordillo, condición relevante para la excusa absolutoria en ciertos supuestos de encubrimiento.

La querella leyó las declaraciones de otra manera. El fiscal Pedro Gallo evitó ahondar en el contenido de la audiencia. “No puedo hablar, sólo decir que todavía faltan otras declaraciones”, manifestó.

Carlos Garmendia, letrado de la familia de Érika Álvarez, sostuvo que los testimonios no debilitan la acusación contra Gordillo.

“En ningún momento se dijo que ella llevó la camioneta, sino que la retiró. Los informes bancarios son parciales, falta que hablen otras personas”, señaló el abogado querellante.

El debate continúa el próximo miércoles, tras una pausa por agenda de los jueces Eliana Gómez Moreira, Gonzalo Ortega y María Valeria Mibelli y un día inhábil.

En esa audiencia comenzarán a declarar peritos con tareas consideradas clave en la investigación del femicidio de Érika Antonella Álvarez.