Investigan si Lázaro Báez se articuló con "Budín", narco señalado en Santa Cruz
Cause federal por narcotráfico y lavado derivó en 27 allanamientos y detenciones. Ibáñez y Claudia Insaurralde están presos; se revisan nexos con bienes embargados de Báez.
· 4 min de lectura Por Redacción Base Tucumán
La Justicia federal profundiza una investigación sobre posibles vínculos entre Lázaro Báez y Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como "Budín", presunto referente de una organización de narcotráfico en Santa Cruz que, según el expediente, habría sido además un hombre de confianza del empresario condenado por corrupción.
Los magistrados intentan establecer si Ibáñez cumplía un doble rol: integrante de una banda dedicada al transporte y reparto de cocaína y, al mismo tiempo, pieza de una estructura que habría permitido a Báez seguir administrando y explotando bienes de origen ilícito pese a embargos y medidas judiciales.
El expediente surge de dos causas conectadas, una por narcotráfico y otra por lavado de activos, que desembocaron en 27 allanamientos en Santa Cruz y en la provincia de Buenos Aires, además de varias detenciones. Entre quienes quedaron arrestados figuran el propio Ibáñez y Claudia Insaurralde, pareja de Báez, con injerencia en la gestión de sus propiedades mientras el empresario permanecía privado de libertad.
Uno de los ejes centrales es reconstruir la relación entre Báez y "Budín" y determinar si hubo maniobras coordinadas para circular y administrar dinero ilícito en el mercado formal.
En ese marco, los investigadores revisan comunicaciones entre los involucrados. También se ordenó inspeccionar la celda de Báez en el penal de Ezeiza, en busca de documentación, teléfonos y otros elementos útiles para las pesquisas. Tras el operativo, el empresario quedó incomunicado.
Una línea investigativa apunta a una supuesta organización que habría transportado cocaína en camiones de una empresa de transporte, con actividades registradas al menos desde diciembre de 2025.
De acuerdo con la hipótesis judicial, el reparto de estupefacientes estaría a cargo de dos personas. Uno de ellos administraría un lavadero señalado como punto de entrega de droga.
En ese esquema aparece Ibáñez, "Budín", como uno de los presuntos responsables de las maniobras bajo escrutinio.
Entre otras personas vinculadas a los expedientes están Juan Pablo Borquez, Jorge Manuel Ulloa y Pedro Nahuel Leal. La Justicia procura definir el rol de cada uno y cómo se cruzaban las operaciones investigadas.
A medida que avanzaba la causa por narcotráfico, los investigadores abrieron otra pista: la eventual existencia de una organización dirigida por Báez desde la cárcel, orientada a administrar, explotar y poner en circulación activos ilícitos que habrían quedado fuera del alcance de las medidas de ejecución de sus condenas.
La sospecha es que algún integrante de esa estructura tendría también un papel central en la banda narco. Ese cruce motivó profundizar el vínculo entre Báez e Ibáñez.
Los procedimientos fueron dispuestos por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a pedido de la Unidad Fiscal de esa ciudad, a cargo de Julio Zárate, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), con intervención del fiscal Diego Velasco.
Los operativos se desarrollaron en Río Gallegos, El Calafate, distintas estancias de Santa Cruz y propiedades en Buenos Aires. Intervinieron efectivos de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.
En los allanamientos se secuestraron cerca de 30 vehículos, cocaína, marihuana, armas de fuego y documentación considerada relevante. También se aplicaron embargos y otras medidas patrimoniales, junto con el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados.
Uno de los hitos fue la detención de Claudia Insaurralde en el Aeroparque Jorge Newbery. Había llegado desde Río Gallegos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas junto a Ibáñez y Valentina Devetac, quienes también fueron arrestados.
Los investigadores sospechaban que los tres podían intentar abandonar el país para eludir a la Justicia. En el operativo se incautaron cuatro valijas grandes.
En la investigación también figuran Fausto Ignacio Devetac y Jorge Elías Agustín.
El expediente vuelve a examinar la administración del patrimonio del empresario durante los años en que estuvo detenido.
En julio de 2025 se informó que Báez había facturado $172 millones entre 2020 y 2025 mediante el alquiler de inmuebles, muchos de ellos alcanzados por medidas cautelares de la Justicia.
Los investigadores constataron que el empresario seguía percibiendo ingresos por propiedades que debían quedar sujetas a la ejecución de sus condenas.
Entre los contratos relevados figuraba el de Claudio Ángel Kirchner, sobrino del expresidente Néstor Kirchner, quien había abonado más de $5,5 millones por el alquiler de una vivienda en Río Gallegos en ese período.
La Justicia también había puesto el foco en el papel de Insaurralde, quien desde 2020 contaba con un poder para intervenir en cuestiones comerciales y administrativas en representación de Báez.
La sospecha era que parte de esos movimientos podría haber servido para mantener bienes o ingresos fuera del alcance de los embargos, mediante la administración de terceros.
Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas conocidas como Ruta del Dinero K y Vialidad. En la primera fue condenado por lavado de activos agravado y en la segunda, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
