Ex brigadista italiano huye del arresto domiciliario en Monserrat tras fallo desfavorable

Al confirmarse el rechazo del último pedido de su defensa por parte de la jueza federal María Romilda Servini y la firmeza de su extradición a Italia, Leonardo Bertulazzi —exintegrante de las Brigadas Rojas— optó por escapar del departamento del barrio porteño de Monserrat en el que cumplía arresto domiciliario.

El plan exigía vencer una dificultad aparentemente grave: retirarse la tobillera electrónica sin que el equipo dejara de transmitir señal, de modo que el personal que lo custodiaba en la puerta no percibiera ni el desprendimiento del dispositivo ni su ausencia del domicilio.

Según reconstruyeron investigadores que lo buscan, el hombre de 74 años colocó la tobillera dentro de un tubo metálico con carne de cerdo y un tensiómetro para sostener la temperatura y simular que seguía en el lugar.

El procedimiento quedó registrado en filmaciones del personal de la Policía Federal Argentina (PFA), material que se incorporó al expediente judicial como prueba.

A continuación, según el mismo relato policial, Bertulazzi subió a un techo y, con una soga, descendió unos cinco metros hasta saltar a un terreno baldío en la parte trasera del edificio; desde allí trepó un portón metálico para salir a la calle.

Una cámara de seguridad cercana registró el instante en que abandonó el terreno y se dejó caer hacia la vereda: en las imágenes se lo ve saltar desde una altura de dos metros. La filmación sitúa la fuga a las 6.01 del día anterior al relevamiento de las pruebas.

En la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, detectives trabajan ahora en reconstruir, con base en otras grabaciones, la continuación de la huida.

Por orden judicial, la fuerza secuestró el teléfono celular de su esposa, Bettina Kopcke, de nacionalidad alemana. En las últimas horas también se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a contactos del ex militante, sin resultados positivos.

Bertulazzi residía en el 5° H de Defensa 649, en Monserrat. En la puerta del departamento había vigilancia del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, que en días recientes también participó del refuerzo de seguridad vinculado a la visita del papa León XIV.

El Ministerio de Seguridad Nacional fijó una recompensa de 20.000.000 de pesos para quienes aporten información útil para ubicarlo y detenerlo, según consta en el Boletín Oficial.

En esa publicación se recordó que el Programa Nacional de Recompensas, creado por la Ley N° 26.538, prevé compensación económica para quienes, sin haber intervenido en el delito, entreguen datos que permitan aprehender a responsables de los ilícitos previstos en la norma o de delitos cuya gravedad o complejidad justifique el ofrecimiento.

Hasta el momento, los investigadores que lo siguen no tienen indicios claros de su paradero.

Fuentes de la PFA indicaron que se continúa revisando filmaciones de cámaras de seguridad que pudieron registrar los momentos posteriores a la fuga.

El ex brigadista había sido detenido en agosto de 2024 por personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del DUIA, ambas áreas de la PFA, en el mismo departamento del que se fugó.

Italia lo reclamaba por hechos como secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina como refugiado desde 2004; dos años antes había sido capturado en la Patagonia tras ingresar desde Chile.

Entre los crímenes más conocidos de las Brigadas Rojas figuran el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro, en 1978; Bertulazzi intervino en la logística de ese atentado.

La agencia italiana ANSA señaló que Bertulazzi había sido “condenado de forma definitiva” a 27 años de prisión por el secuestro del industrial Pietro Costa y por su pertenencia a un grupo armado.

Tras su detención, el Ministerio de Seguridad Nacional había afirmado en un comunicado: “Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas”.

El defensor Rodolfo Yanzón explicó que el trámite de extradición concluyó el 1 de julio del año pasado y que se aguardaba el cierre del debate judicial sobre el estatus de refugiado. Sostuvo que la jueza Servini, en aplicación de un decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei que limitó derechos de los refugiados, entendió cerrado ese debate.

Yanzón agregó:

En estos dos años, Bertulazzi sufrió tres ACV y estaba siendo examinado por médicos. El último examen fue el viernes pasado en el centro de epilepsia del Hospital Ramos Mejía, que indicó la realización de una serie de análisis. Por mi parte, le pedí a la jueza Servini que autorizara esos análisis y que pidiera un dictamen al Cuerpo Médico Forense (CMF) para que estableciese si Bertulazzi estaba en condiciones de viajar [a Italia]. Ella lo rechazó con el argumento de que el proceso de extradición había concluido, pero todo este tiempo, hasta la fuga, Bertulazzi estuvo detenido a su disposición. Entonces, no se hizo cargo de velar por el derecho a la salud de una persona detenida por su orden. La noche anterior a la fuga se lo comuniqué a Bertulazzi, que fue condenado en ausencia sin poder defenderse y a quien, si lo llevan a Italia, tendrá que cumplir esa pena claramente ilegal

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