El juicio por el femicidio de Érika Álvarez: tres testimonios apuntan a los pasos de Sosa después del crimen
En el proceso contra Felipe Sosa, tres declaraciones describen extracciones por $57 millones, una limpieza premium de la Amarok y la compra de una KTM antes de que el imputado partiera a Buenos Aires.
· 6 min de lectura Por Redacción Base Tucumán
Tres declaraciones sumadas al debate del juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez agravaron la posición de Felipe El Militar Sosa, imputado por el homicidio de la joven. Los relatos indican que, en los dos días siguientes al hecho, el acusado sacó $ 57 millones de varios bancos, llevó su camioneta a un lavadero para una limpieza profunda y compró una motocicleta de alta gama con la que después viajó a Buenos Aires, donde cayó detenido.
Esas versiones coinciden en partes con la línea de la Fiscalía sobre una presunta huida, pero también alimentaron lecturas opuestas respecto de Justina Gordillo, ex pareja del imputado y procesada por encubrimiento.
Ante el tribunal comparecieron cuatro testigos con datos sobre lo que Sosa hizo entre el 8 y el 9 de enero, inmediatamente después del asesinato de Álvarez. Tres de esos testimonios resultaron especialmente valiosos para trazar qué hizo el acusado antes de salir de Tucumán.
Uno de los relatos clave correspondió a Patricio Graels, dueño de un lavadero en la intersección de Lola Mora y Perú, en Yerba Buena. Confirmó que el 8 de enero Sosa ingresó con una Volkswagen Amarok y pidió un servicio especial de limpieza interior.
El comerciante detalló que el imputado abonó $ 21.000 por un tratamiento premium —lavado, limpieza y aspirado exhaustivo de asientos y habitáculos—, frente al servicio habitual, que solo contempla una aspiración general.
El dato cobró peso porque los investigadores afirman, con base en el análisis de cámaras, que Sosa habría usado esa camioneta para mover el cuerpo de Érika hasta el descampado donde apareció.
En la hipótesis de la acusación, el cadáver habría ido en la parte trasera del vehículo, una de las zonas incluidas en la limpieza que encargó el imputado.
Otra pieza surgió en la audiencia con la compra de una motocicleta KTM, cerrada el 9 de enero, un día antes de que Sosa saliera hacia Buenos Aires.
Juan Carlos Yácumo, empleado de la concesionaria, relató que el acusado había ido primero a retirar la llave de una moto que ya tenía. En esa ocasión, el titular del local le propuso canjear el rodado por uno más nuevo.
La operación se cerró entregando la moto anterior, pagando $ 4 millones en efectivo y firmando un documento por U$S 10.000, por el saldo pendiente y la indumentaria especial que también compró.
Yácumo aclaró que esa deuda fue saldada después por el padre de Sosa, en marzo.
El testigo agregó que, a pedido del comprador, la KTM nueva quedó registrada a nombre de Justina Gordillo, hoy acusada de encubrimiento en el mismo juicio.
No obstante, indicó que es frecuente que quienes compran motos de alta gama las titulen a nombre de la pareja o de empresas propias.
Para la Fiscalía, el momento de la operación y la adquisición de equipo para viajar importan: Sosa dejó Tucumán al día siguiente.
El fiscal Pedro Gallo entiende que el desplazamiento buscó esquivar la Justicia. En ese marco, la KTM y la indumentaria podrían reforzar la idea de un viaje planificado.
La tercera intervención relevante fue la del contador Rodolfo Del Pino, perito del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF), que revisó las cuentas de Sosa y Gordillo entre el 7 y el 16 de enero.
El perito señaló que el 8 de enero, apenas veinticuatro horas después del crimen, el principal imputado hizo tres operaciones en distintos bancos tucumanos y retiró por ventanilla un total de $57 millones.
La investigación sospecha que ese monto, vinculado a empresas de Sosa, pudo financiar la salida de la provincia.
El estudio de las cuentas de Gordillo mostró, en cambio, mucha menos movida.
Según Del Pino, en el período analizado solo hubo dos movimientos en su cuenta sueldo, por $ 910.000 en conjunto. No recibió transferencias; los ingresos que aparecieron fueron solo sus haberes como empleada del Poder Judicial.
La defensa de Gordillo usó esos números para cuestionar que su representada hubiera sacado provecho económico de maniobras de encubrimiento.
También declaró Marcos Vidal, dedicado a la compraventa de motos usadas. Contó que en julio de 2025 Gordillo lo contactó para tasar el vehículo que Sosa quería vender.
Vidal dijo conocer a la acusada por su amistad de infancia con su exmarido y que nunca supo que Gordillo fuera aficionada a las motos ni que tuviera una.
Por el contrario, afirmó saber que el rodado era de su nueva pareja.
Las partes leyeron los testimonios de maneras distintas.
María Florencia Abdala y Camilo Atim, abogados de Gordillo, sostuvieron que las declaraciones reforzaron su tesis y dejaron claro que Sosa decidió sobre la camioneta, la moto y el dinero.
La defensa subrayó que fue el imputado quien llevó la Amarok al lavadero y pidió la limpieza especial, mientras que a Gordillo se le atribuye haber retirado el vehículo después.
A su juicio, eso no basta para probar que participó en un encubrimiento.
También resaltaron que el análisis bancario no halló extracciones millonarias ni transferencias desde las empresas de Sosa hacia la cuenta de su clienta, incluso tras poderes ligados a cambios de titularidad societaria.
Sobre la KTM, argumentaron que la inscripción a nombre de Gordillo no prueba que fuera la dueña real ni que obtuviera un beneficio patrimonial.
Sosa negoció la compra, pagó, retiró el vehículo y lo usó para ir a Buenos Aires, dijeron.
Además, plantearon que registrar un bien a nombre de alguien de confianza puede ocurrir en una separación.
Con eso, Abdala y Atim intentan descartar un ánimo de lucro atribuible a Gordillo, punto clave para saber si cabe la excusa absolutoria del encubrimiento en ciertos casos.
La Fiscalía y la querella no compartieron esa lectura.
Gallo evitó valorar en público las declaraciones y señaló que aún faltan testimonios.
Carlos Garmendia, abogado de la familia de Érika Álvarez, dijo que nada de lo expuesto ese día cambia de fondo la acusación contra Gordillo.
El querellante recordó que la imputación no dice que la mujer llevó la camioneta al lavadero, sino que fue después a buscarla.
Advirtió además que la información bancaria vista hasta ahora es parcial y que deben declarar otras personas que podrían completar la reconstrucción.
La jornada incorporó pruebas sobre lo que hizo Sosa tras el femicidio, pero la polémica sobre el conocimiento y la eventual participación de Gordillo sigue abierta.
El debate oral está a cargo de las juezas Eliana Gómez Moreira, Gonzalo Ortega y María Valeria Mibelli, que deberán ponderar las declaraciones con el resto de la prueba antes de definir responsabilidades penales.
Por la agenda del tribunal y una jornada inhábil, las audiencias continúan el próximo miércoles.
A partir de entonces declararán peritos que realizaron tareas centrales de la investigación; sus informes podrían ser decisivos para reconstruir el crimen y los movimientos posteriores de los acusados.
