Causa federal por ropa de contrabando en Tucumán: sobreseimiento tras pagar $ 57,8 millones
Bonkosky, imputado por encubrimiento de contrabando, canceló la reparación pactada con Fiscalía y Aduanas. El juez federal Toledo extinguió la acción penal y archivó el expediente sin juicio oral.
· 2 min de lectura Por Redacción Base Tucumán
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán sobreseyó definitivamente a Ariel Fernando Bonkosky por encubrimiento de contrabando cuando quedó acreditado que abonó $57.820.437,37 en concepto de reparación integral por la mercadería ilegal secuestrada en su contra.
Pablo Roberto Toledo, juez de cámara de ese tribunal, firmó la resolución que declara extinguida la acción penal. La decisión se basó en el cumplimiento de los pagos convenidos entre el imputado, el Ministerio Público Fiscal y la Dirección General de Aduanas.
El expediente nace en un control vehicular de la Policía Federal el 12 de agosto de 2021, sobre la Ruta Nacional 9 a la altura del acceso a la autopista de San Miguel de Tucumán. Los agentes revisaron un colectivo en el que viajaban Bonkosky y otras doce personas y detectaron nueve bultos sin documentación aduanera: 900 remeras, 1.447 pares de zapatillas y 732 pares de ojotas.
En el operativo, el valor oficial de ese cargamento se fijó en $3.678.404,43. A partir de ahí el caso terminó en el procesamiento del hombre por encubrimiento de contrabando.
Con la etapa de juicio oral en puerta, la defensa —con el abogado José del Río— planteó una salida económica. La oferta inicial rondó los $14 millones, pero la fiscalía insistió en que el monto debía expresarse en dólares para alinearlo con el perjuicio al momento del secuestro.
Las partes cerraron un acuerdo por U$S 38.241,03 en tres cuotas mensuales en una cuenta de la Aduana en el Banco Nación. Los depósitos, en pesos según el tipo de cambio oficial de cada vencimiento, fueron estos: el 21 de agosto, $19.082.273,97; el 21 de septiembre, $19.305.346,65; y el 20 de octubre, $19.432.816,75. La suma total alcanzó los $57.820.437,37.
El fiscal general Pablo Camuña respaldó el cierre una vez verificados los pagos y pidió dejar sin efecto la audiencia de debate. Toledo sostuvo que la reparación integral del perjuicio al Estado habilitaba extinguir la acción penal sin debate público, ordenó el archivo del expediente y dispuso informar la medida al Registro Nacional de Reincidencia.
