Abandona la defensa de Felipe Sosa el letrado del juicio por el femicidio de Érika Álvarez

El debate por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, registró un nuevo episodio de tensión cuando Marcelo Cosiansi renunció a la defensa de Felipe El Militar Sosa, imputado por su asesinato. El letrado sostuvo que su representado enfrenta presiones de otros internos del establecimiento penitenciario, presuntamente ligados al narcotráfico, y que esa situación le impedía actuar con la independencia que exige el caso. La medida coincidió con el ingreso de testimonios que apuntan a posibles vínculos del acusado con redes de comercialización de drogas, empresarios, dirigentes políticos y agentes de fuerzas de seguridad.

Cosiansi afirmó que su salida respondió a la imposibilidad de diseñar una estrategia defensiva sin injerencias externas. Relató que Sosa recibía mensajes de otros detenidos y luego le trasladaba instrucciones sobre los planteos procesales y las preguntas que debían formularse a los testigos. En su criterio, esas indicaciones no emanaban del propio imputado sino de terceros interesados en moldear el curso del juicio, incluso en condiciones de aislamiento, mediante gritos entre celdas o durante los traslados hacia los sectores de alimentación.

El profesional no descartó que quienes ejercen esa influencia tengan relación con el narcotráfico, aunque no aportó nombres ni pruebas concretas. También valoró que Sosa podría aportar datos para aclarar el crimen y los intereses ajenos que presionarían sobre el proceso. Señaló que, en varias ocasiones, el acusado le pidió presentar planteos que requerían conocimientos jurídicos que él no poseía, lo que reforzó la sospecha de que terceros intentaban condicionar la defensa. Aclaró que no renunció por amenazas directas ni por miedo a su integridad, sino porque ya no podía trabajar con la autonomía que el encargo demandaba.

La causa principal apunta contra Sosa como autor de la muerte de Érika. El Tribunal también analiza si Justina Gordillo, expareja del imputado y funcionaria judicial, y Jorge Chicho Díaz, empleado de confianza de Sosa, intervinieron en maniobras de encubrimiento. Paralelamente, en las audiencias —ya transcurridas diez— surgieron alusiones a presuntas relaciones del acusado con el comercio de estupefacientes, un eje que no forma parte del objeto específico del juicio por el femicidio.

Maira y Malena Álvarez, hermanas de la víctima, declararon sobre los vínculos personales de Érika y las actividades en las que supuestamente participaba. Ambas mencionaron su relación con Carlos El Mayor Ferreira, identificado en los testimonios como narcotraficante paraguayo. Afirmaron que Ferreira era buscado y que Érika asistía a reuniones donde se acordarían operaciones de transporte y venta de grandes cargamentos de droga, con presunta participación de integrantes policiales de Tucumán y Santiago del Estero, empresarios y políticos. Son dichos del debate que, por ahora, no constituyen acreditación judicial sobre esas personas.

Malena relató que Sosa llevaba a su hermana a encuentros vinculados con avionetas que transportarían estupefacientes. Maira, por su parte, contó que Érika le había referido la supuesta participación de El Militar en la distribución de éxtasis en fiestas electrónicas. Esas líneas ampliaron el escenario más allá del homicidio e insinúan actuaciones futuras de otras fiscalías.

Las sospechas sobre narcotráfico no provinieron solo de las hermanas. En la etapa preparatoria, Justina Gordillo y Nicolás Navarro Flores —único condenado hasta ahora por hechos ligados al caso— también aludieron a presuntas actividades de comercialización de drogas. Fuentes judiciales indicaron que el nombre de Sosa figura en otros expedientes como supuesto proveedor de éxtasis para organizaciones menores de venta de estupefacientes, y que el acusado enfrenta además una investigación federal por producción de flores de marihuana. La existencia de esas actuaciones no equivale, por sí sola, a responsabilidad penal demostrada.

La renuncia de Cosiansi abrió interrogantes sobre la situación del principal imputado y sobre quiénes querrían orientar sus declaraciones o la defensa. El abogado evitó individualizar a quienes transmitirían órdenes desde el penal, pero insistió en que Sosa debería explicar lo que conoce del entorno del crimen. Dejó abierta la posibilidad de que nuevas audiencias aporten elementos sobre relaciones delictivas del acusado.

Próximamente el debate tendrá dos momentos sensibles: la declaración de Nicolás Navarro Flores, que podría ampliar datos sobre movimientos y conexiones de Sosa, y los resultados de pericias sobre celulares secuestrados al imputado, entre ellos un iPhone cuyo contenido recién recuperado podría aportar comunicaciones, contactos y desplazamientos de interés. Esos estudios deberán evaluarse en el proceso sin certeza aún sobre si respaldan las sospechas ventiladas en sala.

La irrupción de testimonios narcos plantea además un debate de competencias. Este juicio busca fijar responsabilidades por el femicidio y el eventual encubrimiento; la producción, distribución o venta de drogas corresponde a causas distintas, a cargo de la Justicia Federal o de unidades de narcomenudeo según el caso. Concluido el debate, el fiscal Pedro Gallo o el Tribunal podrían remitir actuaciones a los organismos competentes si consideran que hay elementos suficientes —algo que ocurriría alrededor de once meses del crimen, cometido en enero de 2026.

Mientras tanto, la salida de Cosiansi obliga a Sosa a seguir el proceso con nueva asistencia letrada y renovó la polémica en torno al acusado. Sus dichos sobre presiones en el penal no vinieron acompañados, en lo difundido, de una denuncia judicial puntual ni de pruebas que identifiquen a los responsables, pero se sumaron a las referencias narco que las diez audiencias ya dejaron en evidencia. El Tribunal seguirá concentrado en establecer quiénes respondieron por la muerte de Érika Antonella Álvarez, sin cerrar la puerta a que el debate dispare investigaciones penales sobre hechos ajenos al femicidio.