Nuevo crédito provincial de 1.828 millones permite a Yerba Buena cubrir sueldos de septiembre
Mediante el Decreto 2.436/3, Jaldo habilitó un financiamiento reintegrable a la intendencia de Macchiarola. Con el auxilio de agosto, las autorizaciones de 2026 superan los $3.579 millones, casi todos orientados a salarios.
· 4 min de lectura Por Redacción Base Tucumán
El Poder Ejecutivo de Tucumán, a cargo de Osvaldo Jaldo, autorizó a la Municipalidad de Yerba Buena un financiamiento reintegrable de hasta $1.828.278.007,98. La mayor parte del monto apunta al pago de las remuneraciones correspondientes a septiembre de 2026, bajo la gestión del intendente radical Pablo Macchiarola.
La medida reaviva el debate sobre cómo sostiene el municipio su estructura de gastos cuando debe acudir a la Provincia para cumplir obligaciones salariales. En agosto ya se había aprobado otro auxilio de hasta $1.751 millones, también orientado principalmente a sueldos; entre ambas operaciones, el Ejecutivo provincial habilitó más de $3.579 millones para Yerba Buena en apenas dos períodos salariales.
Aunque se trata de préstamos reintegrables previstos en el régimen fiscal provincial, la repetición de estas asistencias cuestiona la capacidad del municipio de afrontar gastos corrientes con recursos propios. En paralelo, urge revisar el tamaño de la estructura municipal, la evolución de la planta y el peso de los salarios en el presupuesto local.
Macchiarola enfrenta interrogantes sobre prioridades de gasto y sostenibilidad de las cuentas. Volver a la Provincia para cubrir remuneraciones alimenta dudas sobre el margen disponible para obras, mantenimiento urbano y servicios públicos. Los actos oficiales confirman las asistencias salariales, pero no precisan cuántos empleados tiene hoy el municipio ni cuánto creció la planta en esta gestión, datos clave para evaluar si el gasto en personal explica las dificultades.
El Decreto No 2.436/3, firmado el 5 de octubre y publicado en el Boletín Oficial de Tucumán el jueves 22, formalizó la nueva asistencia. El instrumento habilita al Ejecutivo provincial a otorgar el financiamiento reintegrable, con destino principal al pago de remuneraciones municipales de septiembre. La operación se encuadra en la Ley No 8.829 —Pacto Social— y en el Acuerdo Fiscal con Municipios, mecanismos que permiten asistir financieramente a administraciones locales para salarios, obras, servicios y otras obligaciones.
Según el decreto, los recursos se imputarán a Rentas Generales y se canalizarán mediante la cuenta fiduciaria del municipio, con intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. La disponibilidad efectiva dependerá de las posibilidades del Tesoro provincial; la Contaduría General deberá registrar desembolsos y devoluciones.
En agosto, el Decreto No 1.799/3 ya había autorizado un financiamiento reintegrable de hasta $1.751.378.543,69, destinado principalmente a los salarios de julio. Con la disposición de octubre, las dos autorizaciones alcanzan $3.579.656.551,67. Son montos máximos para períodos distintos, por lo que esa cifra no implica que todo el dinero haya sido desembolsado; aun así, la magnitud de los recursos solicitados para salarios vuelve a examinar la planificación financiera municipal y la capacidad de sostener el gasto corriente.
El crédito también tiene lectura política: Macchiarola integra el radicalismo y el espacio opositor Cambia Tucumán, mientras Jaldo encabeza el Gobierno provincial. El intendente llegó en 2023 como sucesor de Mariano Campero, referente del sector con aspiraciones a competir por la Gobernación en las elecciones previstas para mayo de 2027. Mientras ese espacio busca posicionarse como alternativa al oficialismo, Yerba Buena sigue usando mecanismos de asistencia habilitados por el Ejecutivo de Jaldo. El vínculo institucional canaliza recursos pese a las diferencias partidarias, pero el contraste entre discurso opositor y dependencia de financiamiento provincial agrega un eje al debate.
El Pacto Social es un instrumento legal empleado por distintos municipios tucumanos; su uso no demuestra por sí solo insolvencia. Las asistencias son reintegrables: los municipios adheridos aceptan condiciones de compensación y devolución ligadas a la coparticipación. En Yerba Buena, igualmente, persisten preguntas sobre evolución del gasto salarial, incorporaciones, recaudación propia y posibilidad de financiar el funcionamiento sin recurrir una y otra vez a estos instrumentos.
La gestión de Macchiarola deberá explicar cómo sostendrá obligaciones salariales, preservará servicios y financiará obras que demanda la ciudad, y transparentar la evolución de planta y presupuesto de personal para ver si la estructura administrativa es compatible con los recursos. Por ahora, el dato concreto es que en 2026 el Gobierno provincial autorizó más de $3.579 millones en dos operaciones de asistencia financiera a Yerba Buena, ambas destinadas principalmente a salarios: una cifra que vuelve a situar las cuentas municipales en el centro de la discusión pública.
